Congreso podría mover 100.000 millones del presupuesto de la JEP en pleno pulso político
Imagen: El Tiempo - Política
La discusión sobre el presupuesto de la JEP entra en terreno político: una proposición busca recortarle 100.000 millones de pesos, aunque el Gobierno no la incluyó en el proyecto inicial. El pulso ahora pasa al Congreso, donde se definirá si prospera o queda como una señal de presión.
La Jurisdicción Especial para la Paz podría terminar en el centro de una nueva pelea presupuestal en el Congreso. Aunque el Gobierno no incorporó en el proyecto socializado una reducción de 100.000 millones de pesos para la JEP, la iniciativa sí puede reaparecer mediante proposiciones durante el trámite legislativo, lo que abre la puerta a una discusión que trasciende lo contable y toca de frente la implementación del Acuerdo de Paz.
De acuerdo con lo que informó El Tiempo - Política, la propuesta de recorte no forma parte del texto base presentado por el Ejecutivo, pero eso no la deja automáticamente fuera de juego. En el Congreso, especialmente en el debate del presupuesto, los legisladores suelen intentar mover partidas, ajustar montos o enviar mensajes políticos a instituciones que consideran sobredimensionadas, incómodas o sujetas a control. En este caso, el blanco es la JEP, una entidad que desde su creación ha estado bajo escrutinio de sectores que cuestionan su costo, su alcance y su ritmo de resultados.
El fondo del asunto no es menor: quitarle 100.000 millones de pesos a la JEP no sería solo una operación aritmética, sino una decisión con consecuencias directas sobre su capacidad para investigar, judicializar y sostener su funcionamiento. En un país donde la justicia transicional sigue siendo una pieza clave para cerrar heridas del conflicto, cualquier recorte de esta magnitud puede interpretarse como un intento de debilitar una de las instituciones más sensibles del posconflicto. Y al mismo tiempo, si la proposición gana apoyo, quedará en evidencia que el presupuesto nacional también se usa como terreno de disputa política, no solo como una herramienta técnica para distribuir recursos.
Lo que viene dependerá de las mayorías que se alineen en el Congreso y de la fuerza con la que el Gobierno defienda su proyecto. Para la JEP, el debate no es solo fiscal: es también de legitimidad. Para los colombianos, especialmente para las víctimas y para quienes aún esperan verdad y reparación, la discusión tiene un mensaje claro: el compromiso con la paz también se mide en pesos, y el Congreso tendrá que decidir si esa apuesta se fortalece o se recorta en nombre de otras prioridades.
