Lili Pink contraataca: demanda a la Fiscalía por presuntas irregularidades en extinción de dominio
Imagen: infobae colombia
Lili Pink respondió a la operación de extinción de dominio de la Fiscalía con una demanda por presuntas irregularidades en la investigación. Su defensa asegura que se afectaron bienes ajenos a la empresa y comprados antes de su constitución.
La empresa Lili Pink decidió pasar al contrataque tras la operación de extinción de dominio adelantada por la Fiscalía General de la Nación. Su defensa anunció una demanda al considerar que la investigación habría incurrido en irregularidades graves, entre ellas la afectación de bienes que, según sostiene, no tendrían relación con la compañía y fueron adquiridos antes de su creación. El caso abre un nuevo frente jurídico en una disputa que ya va más allá de la marca: pone en discusión la forma en que el Estado está aplicando una de sus herramientas más sensibles contra patrimonios presuntamente ligados a actividades ilícitas.
De acuerdo con la información revelada por infobae colombia, el abogado Andrés Jiménez, integrante de la defensa, sostiene que las medidas adoptadas por el ente acusador habrían alcanzado activos que no pertenecerían a la sociedad investigada. La tesis central es que la Fiscalía habría avanzado sobre bienes que no hacen parte del núcleo empresarial de Lili Pink y que, por tanto, no deberían haber sido incluidos en la acción de extinción de dominio. Esa objeción no es menor: en Colombia, este tipo de procedimientos puede impactar de manera inmediata la operación de compañías, su reputación y los derechos patrimoniales de terceros que terminan atrapados en una investigación de alto perfil.
El caso importa por una razón de fondo: la extinción de dominio es una figura diseñada para golpear el capital vinculado al crimen, pero su aplicación exige precisión quirúrgica para no convertir una herramienta legítima en una fuente de arbitrariedad. Cuando una compañía de consumo masivo entra en ese radar, el impacto no se limita a los dueños o administradores; también alcanza empleos, proveedores, puntos de venta y consumidores. En un país donde la confianza institucional ya viene erosionada, cada señal de posible exceso en una investigación de este tipo alimenta dudas sobre la calidad de los controles y el debido proceso. Si la defensa logra probar que hubo actuaciones improcedentes, el golpe no será solo judicial: también será un recordatorio de que la persecución del delito no puede avanzar a costa de confundir patrimonio empresarial con bienes que legalmente no le pertenecen a la compañía.
En adelante, la discusión se moverá en dos planos. Por un lado, la Fiscalía deberá defender el alcance de su actuación y demostrar la trazabilidad de los activos involucrados. Por el otro, la empresa intentará desmontar la legalidad de las medidas y limpiar su nombre en medio de una exposición pública inevitable. Lo que está en juego no es solo el futuro de unos bienes: también se mide hasta qué punto el Estado puede intervenir sobre grandes patrimonios sin sobrepasar los límites de la ley.
