Tres años después, la confiscación de la UCA sigue golpeando a la educación nicaragüense
Imagen: infobae
A tres años de la confiscación de la Universidad Centroamericana en Nicaragua, la herida sigue abierta: miles de estudiantes quedaron atrapados en una reconfiguración forzada del sistema universitario. La orden judicial que entregó sus bienes al Estado marcó uno de los golpes más duros contra la educación superior nicaragüense.
La confiscación de la Universidad Centroamericana (UCA) en Nicaragua cumplió tres años como una de las decisiones más duras del asedio del gobierno de Daniel Ortega contra la autonomía universitaria. La medida, notificada por un juzgado penal de Managua el 15 de agosto de 2023, ordenó transferir al Estado no solo los inmuebles de la institución, sino también su mobiliario, cuentas bancarias y productos financieros, un movimiento que en la práctica desmanteló una de las universidades privadas más influyentes del país.
El impacto de esa decisión no se limitó al patrimonio físico. De acuerdo con el recuento difundido por infobae, la medida afectó directamente a unos 40.000 estudiantes, entre quienes quedaron en el limbo académico y quienes tuvieron que buscar refugio en otras instituciones tras el cierre forzado de la UCA. La confiscación no fue un hecho aislado: se inscribió en una ofensiva más amplia contra organizaciones civiles, centros de pensamiento, universidades y voces críticas que el gobierno ha ido cercando con procedimientos judiciales y administrativos cada vez más agresivos.
Lo más revelador es que la expropiación de la UCA no solo borró de un plumazo una parte del mapa universitario nicaragüense, sino que también abrió paso a una nueva universidad creada sobre las ruinas de la anterior. Ese giro muestra el método político del orteguismo: no siempre elimina la institución en apariencia, sino que la vacía de autonomía, la redefine y la pone al servicio del poder. Para los estudiantes y docentes, el resultado es el mismo: pérdida de libertad académica, incertidumbre sobre títulos y continuidad de estudios, y un mensaje claro para cualquier espacio independiente en Nicaragua: la disidencia puede costar la existencia.
En términos regionales, el caso de la UCA importa porque revela hasta dónde puede llegar un gobierno cuando decide convertir el sistema judicial en una herramienta de control político. En Nicaragua, la batalla no es solo por una universidad; es por el derecho a pensar, enseñar e investigar sin tutela estatal. Y para miles de familias que vieron alterado el futuro educativo de sus hijos, la confiscación no quedó como una cifra ni como un expediente: sigue siendo una fractura abierta en la vida cotidiana y en la promesa de movilidad social que representa la educación superior.
