Consejo de Estado aclara que la legalidad no se mide por la cantidad de decretos
Imagen: infobae colombia
El Consejo de Estado cerró la puerta a la idea de que el solo número de decretos expedidos por el Gobierno de De la Espriella implique ilegalidad. Su presidente, Alberto Montaña, recalcó que el control judicial mira el contenido y no la cantidad de actos expedidos.
El Consejo de Estado marcó distancia frente a la discusión sobre la supuesta ilegalidad que podría derivarse del volumen de decretos expedidos por el Gobierno de De la Espriella. Su presidente, Alberto Montaña, dejó claro que la revisión judicial no se define por cuántos actos emite el Ejecutivo, sino por lo que esos decretos contienen y si se ajustan o no al marco constitucional y legal.
La precisión no es menor en un país donde cada decisión del Gobierno suele ser leída también como una señal política. Según informó infobae colombia, Montaña explicó que la corporación no hace un control sobre la cantidad de decretos, sino sobre su contenido, y que puede examinar actos que no tengan fuerza de ley material cuando estos produzcan efectos jurídicos o administrativos susceptibles de control. En otras palabras, el debate no pasa por la estadística, sino por la legalidad concreta de cada decisión.
Ese matiz cambia el foco de la discusión. En Colombia, cuando un gobierno intensifica el uso de decretos, la alarma suele activarse de inmediato entre opositores, juristas y sectores ciudadanos que ven allí una posible forma de concentrar poder o de gobernar por la vía excepcional. Pero la postura del Consejo de Estado recuerda que el análisis jurídico no puede basarse en sospechas generales ni en la acumulación de actos, sino en la revisión de fondo de cada uno. Esa línea es clave porque ayuda a separar el ruido político del control institucional real, que es el que determina si una medida se mantiene, se suspende o se cae.
El mensaje también tiene implicaciones prácticas para la ciudadanía. Si un decreto afecta trámites, regulaciones, contratos, designaciones o derechos, lo que termina importando no es cuántos decretos firmó el Gobierno, sino si la decisión concreta fue expedida con competencia, motivación y procedimiento adecuados. En un contexto de alta tensión entre el Ejecutivo y los órganos de control, la advertencia del alto tribunal funciona como recordatorio de que el Estado de derecho se mide por la calidad jurídica de sus actos, no por la cantidad de papeles que circulan desde Palacio. Y esa distinción, en Colombia, suele ser la diferencia entre una controversia política y una decisión con consecuencias institucionales de largo alcance.
