Tribunal frena el nuevo esquema de pasaportes y exige al Gobierno pruebas de continuidad
Imagen: El Tiempo - Política
El Tribunal de Cundinamarca suspendió los convenios del nuevo modelo de pasaportes y obligó al Estado a explicar, en 20 días, cómo garantizará la continuidad del servicio. La decisión abre un nuevo frente sobre transparencia, seguridad y capacidad operativa en uno de los trámites más sensibles para los colombianos.
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca frenó los convenios asociados al nuevo modelo de pasaportes y le puso al Gobierno una tarea urgente: demostrar, en un plazo de 20 días, cómo mantendrá sin interrupciones la expedición de libretas y bajo qué condiciones se fabrican, custodian y personalizan. La orden no solo golpea la implementación del esquema, sino que vuelve a poner bajo lupa un servicio que afecta directamente a miles de ciudadanos que dependen del documento para viajar, estudiar, trabajar o resolver trámites en el exterior.
Según informó El Tiempo - Política, la decisión judicial exige a las entidades involucradas explicar con precisión la ruta completa del proceso: desde la producción del documento hasta su entrega final, pasando por la cadena de custodia y la identificación de los terceros que participan en la operación. Ese nivel de detalle no es menor. En un negocio tan sensible como el de los pasaportes, la opacidad administrativa se convierte rápidamente en una discusión sobre seguridad, capacidad del Estado y riesgo de interrupción del servicio, especialmente en momentos en que cualquier falla logística termina castigando al usuario final.
El trasfondo del fallo es más profundo que una disputa contractual. El pasaporte es una llave de movilidad y también una prueba del funcionamiento del Estado. Cuando el diseño de su expedición entra en incertidumbre, no solo se afecta la burocracia de Cancillería: se activa una alarma sobre continuidad institucional, supervisión de contratos y cumplimiento de estándares técnicos. En Colombia, donde los cambios de modelo suelen chocar con problemas de planeación y transición, el tribunal parece haber enviado un mensaje claro: no basta con anunciar una nueva arquitectura del servicio; hay que demostrar que el país no quedará expuesto a cuellos de botella, retrasos o vacíos en la cadena de producción.
La decisión, además, puede tener efectos inmediatos sobre la confianza pública. Si el Gobierno no responde con información suficiente y una ruta verificable para sostener la operación, el debate dejará de ser técnico y pasará a ser político, con costos para la administración y para los usuarios que ya enfrentan filas, demoras y una tradición de cambios improvisados en este trámite. En la práctica, el tribunal no solo suspendió unos convenios: obligó al Estado a probar que sí tiene control sobre uno de los servicios más delicados y visibles para cualquier colombiano.
