Tribunal Militar exige pruebas a magistrada de la JEP por señalamientos de encubrimiento
Imagen: infobae colombia
El Tribunal Superior Militar le salió al paso a la magistrada de la JEP Catalina Díaz, tras sus señalamientos sobre presunto uso de la Justicia Penal Militar para encubrir casos. La corporación le exigió sustentar sus afirmaciones con pruebas o acudir a las autoridades competentes.
El Tribunal Superior Militar rechazó de frente las afirmaciones de la magistrada de la Jurisdicción Especial para la Paz, Catalina Díaz, quien sostuvo que la Justicia Penal Militar habría servido para “encubrir” casos. La corporación le pidió que entregue datos concretos o que formalice denuncias ante las autoridades correspondientes, al advertir que no puede generalizarse una acusación de ese alcance sobre toda una jurisdicción.
La respuesta del tribunal eleva el tono de una discusión que toca uno de los puntos más sensibles del sistema de justicia colombiano: la relación entre la jurisdicción ordinaria, la JEP y la justicia penal militar. Según informó Infobae Colombia, la corporación consideró que los señalamientos no pueden quedarse en afirmaciones amplias ni en reproches políticos, sino que deben traducirse en hechos verificables, expedientes puntuales y mecanismos institucionales de control. En otras palabras, el tribunal cerró la puerta a que la discusión se quede en el terreno de la denuncia general sin soporte probatorio.
El fondo del debate importa porque, en Colombia, la justicia penal militar ha estado bajo escrutinio durante años por su capacidad real para investigar de manera independiente a miembros de la Fuerza Pública. La JEP, por su parte, nació precisamente para esclarecer graves violaciones ocurridas en el conflicto armado y para poner bajo la lupa patrones de conducta que durante décadas quedaron sin respuesta judicial efectiva. Por eso, cuando una magistrada de esa jurisdicción lanza acusaciones sobre presuntos encubrimientos, el choque institucional es inmediato: no solo se discute una frase, sino la credibilidad de dos sistemas que cargan con una historia de desconfianza pública.
Para la ciudadanía, el asunto no es menor. Si existen casos de encubrimiento, deben investigarse y sancionarse; si no existen pruebas suficientes, también debe protegerse la legitimidad de las instituciones frente a señalamientos que pueden erosionar la confianza en la justicia. En un país donde la impunidad ha sido una constante en expedientes de alto impacto, la exigencia del tribunal plantea una regla básica que suele olvidarse en el debate público: las acusaciones graves necesitan sustento sólido, porque sin evidencia terminan debilitando precisamente la verdad que dicen defender.
