Expediente por presiones sacude el Pacto de Valledupar y salpica a Petro
Imagen: El Tiempo - Política
Las reuniones de octubre de 2025 alrededor del llamado Pacto de Valledupar quedaron bajo la lupa por un expediente disciplinario que investiga una supuesta presión a exparamilitares. En medio de las denuncias, María Fernanda Carrascal cuestionó al expresidente Gustavo Petro y elevó el costo político del caso.
Las reuniones celebradas en octubre de 2025 en torno al llamado Pacto de Valledupar ya no solo son un asunto político, sino también disciplinario. Un expediente abrió la puerta a revisar si hubo presiones indebidas sobre exparamilitares, un señalamiento que golpea de frente la credibilidad del proceso y reaviva las dudas sobre los márgenes de maniobra con los que se intentó mover ese episodio.
Según informó El Tiempo - Política, el caso tomó un nuevo vuelo tras las denuncias que rodean esas conversaciones y la apertura de una actuación disciplinaria para establecer si existieron intentos de coacción sobre antiguos miembros de grupos armados ilegales. En paralelo, la representante María Fernanda Carrascal salió a cuestionar al expresidente Gustavo Petro por lo que considera inconsistencias y por el impacto que estas versiones pueden tener sobre la discusión pública del pacto y sus alcances.
Lo que está en juego no es menor. En Colombia, cualquier sospecha sobre presiones a excombatientes toca un nervio sensible: la frontera entre la búsqueda de verdad, la negociación política y el uso de intermediarios con antecedentes criminales. Por eso, más allá del ruido inmediato, el expediente puede terminar poniendo bajo examen no solo lo ocurrido en esas reuniones, sino también la forma en que se articulan los contactos entre política, desmovilización y justicia transicional en un país donde ese tipo de episodios suele dejar heridas abiertas.
El caso apenas comienza a tomar forma jurídica y política, pero ya produce un efecto claro: amplía el costo reputacional para quienes aparecen vinculados al Pacto de Valledupar y obliga a medir cada declaración. Si la investigación confirma presiones, el episodio podría convertirse en un nuevo frente de desgaste para el petrismo y para cualquier actor que haya participado en esa ronda de acercamientos. Si no las encuentra, quedará igualmente el daño de fondo: la sospecha de que en Colombia todavía se negocia demasiado cerca de los límites de la legalidad.
