Rafael Ramírez cuestiona el pacto petrolero de Delcy Rodríguez con Estados Unidos
Imagen: BBC Mundo
El exministro de Petróleo de Venezuela, Rafael Ramírez, cuestionó con dureza el acuerdo de Delcy Rodríguez con EE.UU. y advirtió que un gobierno de transición no debería comprometer el futuro de las reservas petroleras del país.
La disputa por el petróleo venezolano volvió a exhibir una fractura de fondo dentro del chavismo. Rafael Ramírez, quien durante años fue una de las figuras más poderosas del aparato económico de Hugo Chávez, criticó el acuerdo impulsado por Delcy Rodríguez con Estados Unidos y puso en duda que un gobierno de transición tenga legitimidad para tomar decisiones que, en la práctica, comprometen parte del patrimonio energético del país. Su señalamiento no es menor: toca el corazón de la principal fuente de ingresos de Venezuela y abre un nuevo capítulo en la pugna por quién controla, define y negocia el futuro del crudo nacional.
Según informó BBC Mundo, Ramírez objetó tanto el contenido del entendimiento como su alcance político. El exministro considera que ceder una porción significativa de las reservas venezolanas en un contexto de transición equivale a hipotecar activos estratégicos sin un mandato suficiente para hacerlo. La crítica va más allá de una diferencia técnica sobre contratos o licencias: apunta a la legitimidad de una cúpula que, en medio de sanciones, aislamiento internacional y una economía debilitada, busca recomponer relaciones con Washington para aliviar la presión sobre el sector petrolero y reactivar una industria que hoy opera muy por debajo de su capacidad.
El trasfondo ayuda a entender por qué esta discusión importa dentro y fuera de Venezuela. Durante décadas, el petróleo ha sido no solo la base fiscal del país, sino también el instrumento central de su política exterior y de su supervivencia interna. Por eso cualquier acercamiento con Estados Unidos, principal mercado y a la vez principal adversario político del chavismo, genera resistencias entre sectores que ven en esas negociaciones una concesión excesiva. Además, el debate llega en un momento en que Caracas intenta recuperar producción, atraer inversión y sortear sanciones, mientras enfrenta desconfianza internacional y una crisis social que ha expulsado a millones de venezolanos. En ese tablero, cada decisión sobre el crudo tiene efectos inmediatos en ingresos públicos, empleo, combustibles y en la capacidad del Estado para sostenerse.
La crítica de Ramírez también revela una tensión más profunda: la lucha por el relato sobre quién puede administrar el petróleo en nombre del país. Para la oposición y para sectores del chavismo duro, cualquier negociación con Washington puede parecer una entrega; para el oficialismo, en cambio, se trata de una salida pragmática a una crisis prolongada. El problema es que, sin transparencia suficiente y sin un debate institucional robusto, los acuerdos petroleros quedan atrapados entre la necesidad económica y la sospecha política. Y en Venezuela, cuando el petróleo entra en discusión, casi siempre lo que está en juego es mucho más que energía: es poder.
