Estados Unidos

Una placa, un arma y una investigación pendiente: las contrataciones de ICE bajo cuestionamiento

Omar RodríguezOmar RodríguezHace 34 minutos
Una placa, un arma y una investigación pendiente: las contrataciones de ICE bajo cuestionamiento

La rápida expansión de la agencia migratoria estadounidense ha generado denuncias sobre contrataciones realizadas antes de completar controles de antecedentes. Legisladores exigen respuestas al Departamento de Seguridad Nacional, mientras nuevas investigaciones identifican agentes con historiales que debieron recibir un examen más riguroso. Por Omar Rodríguez SANA Prensa Independiente

WASHINGTON, 22 de noviembre de 2026. Miles de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) fueron incorporados durante una campaña acelerada de contratación mientras permanecían pendientes investigaciones completas sobre sus antecedentes personales y profesionales, según denuncias de funcionarios, investigaciones periodísticas y comunicaciones oficiales del Congreso.

La controversia ha abierto interrogantes sobre los mecanismos de seguridad utilizados para seleccionar a personas que pueden portar armas, realizar arrestos y participar en operaciones migratorias.

La administración del presidente Donald Trump impulsó una expansión de ICE con una meta inicial de contratar 10.000 nuevos agentes para aumentar las detenciones y deportaciones.

Sin embargo, la rapidez del proceso comenzó a generar advertencias desde el interior de la propia institución.

Una denuncia presentada ante la Oficina del Inspector General del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) señaló que algunos aspirantes recibieron ofertas definitivas de empleo sin haber completado verificaciones preliminares obligatorias.

Entre los controles mencionados se encuentran la revisión de huellas dactilares, la comprobación de identidad y las investigaciones crediticias.

La advertencia llegó desde dentro de ICE

La denuncia fue presentada originalmente en agosto de 2025 por un funcionario que dirigía una unidad encargada de las verificaciones de antecedentes dentro de la Oficina de Responsabilidad Profesional de ICE.

El empleado, con una extensa trayectoria en la agencia, alertó de que el crecimiento acelerado de la plantilla estaba sobrepasando la capacidad de los equipos responsables de revisar a los candidatos.

Según su comunicación, la división de recursos humanos estaba realizando ofertas de contratación antes de que finalizaran determinados procedimientos preliminares.

El funcionario advirtió que esa práctica podía generar riesgos de seguridad, incumplimientos normativos y posibilidades de que personas no adecuadamente evaluadas accedieran a funciones sensibles.

La denuncia fue conocida públicamente en septiembre de 2026, cuando medios como Associated Press y ABC News obtuvieron información sobre su contenido.

Se trata de alegaciones respaldadas por documentación presentada ante una instancia de supervisión. Su existencia no significa que todos los señalamientos hayan sido resueltos definitivamente mediante una investigación administrativa.

Cerca de 7.500 agentes seguían esperando verificaciones

Una investigación publicada por The New York Times el 29 de septiembre de 2026 señaló que aproximadamente 7.500 agentes activos, contratados durante la expansión de ICE, todavía esperaban la finalización de las investigaciones completas de antecedentes requeridas para sus puestos.

La información fue citada posteriormente por los senadores Cory Booker, Richard Blumenthal y Alex Padilla en una comunicación de supervisión dirigida al Departamento de Seguridad Nacional.

La cifra exige una distinción importante.

No significa que 7.500 agentes carecieran de cualquier comprobación de identidad o antecedentes, sino que sus investigaciones completas no habían concluido.

Sin embargo, el hecho de que algunas personas pudieran desempeñar funciones mientras permanecían pendientes estos procedimientos despertó preocupación entre legisladores y especialistas en seguridad pública.

Una investigación encontró antecedentes preocupantes

El 10 de noviembre, The Washington Post publicó una investigación basada en registros de personal y búsquedas documentales sobre aproximadamente 300 nuevos integrantes de ICE.

El periódico identificó al menos 19 agentes que habían enfrentado anteriormente acusaciones de conducta indebida, cargos penales u otras alertas laborales.

Entre los casos examinados aparecieron antecedentes relacionados con el uso de la fuerza, demandas judiciales, despidos y pérdida de certificaciones profesionales.

El análisis no establece que esas 19 personas fueran culpables de todos los hechos que se les habían atribuido.

Tampoco permite concluir que la misma proporción de irregularidades esté presente en toda la plantilla de ICE.

No obstante, los hallazgos plantearon preguntas sobre la calidad y profundidad de las verificaciones utilizadas durante el proceso de reclutamiento.

Especialistas consultados por el periódico consideraron que varios casos debieron provocar un examen más detallado antes de autorizar las contrataciones.

¿Qué respondió el Gobierno?

El Departamento de Seguridad Nacional ha defendido sus procedimientos de selección.

La agencia sostiene que aplica las regulaciones correspondientes para verificar los antecedentes de sus empleados y que las investigaciones de seguridad constituyen un proceso continuo.

También ha reconocido que determinados aspirantes pueden recibir ofertas temporales o comenzar su capacitación mientras permanecen pendientes las investigaciones completas.

Según la posición oficial, estas situaciones no significan necesariamente que se haya autorizado a las personas a desempeñar todas las funciones sin restricciones.

Sin embargo, las declaraciones del departamento no resuelven por sí solas las denuncias relacionadas con la posible omisión de controles preliminares.

Determinar qué procedimientos fueron aplicados, cuáles quedaron pendientes y qué funciones desempeñó cada agente requiere examinar los registros administrativos.

El Congreso exige explicaciones

El 5 de octubre de 2026, los senadores demócratas Cory Booker, Richard Blumenthal y Alex Padilla solicitaron al secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, medidas inmediatas relacionadas con las contrataciones de ICE.

Los legisladores reclamaron que los funcionarios incorporados durante la expansión fueran sometidos a nuevas verificaciones y capacitación, además de pedir información detallada sobre los controles realizados.

Entre sus solicitudes figuraba conocer cuántos agentes recibieron ofertas o fueron asignados a labores operativas sin completar las comprobaciones de huellas, identidad y antecedentes financieros.

También exigieron datos sobre los protocolos de uso de la fuerza y sobre los agentes que hubieran disparado sus armas durante operaciones.

Estas solicitudes representan acciones de supervisión del Congreso y no una conclusión judicial sobre la responsabilidad de todos los funcionarios contratados.

La formación de los agentes también está bajo examen

Las denuncias no se limitan a los antecedentes personales.

Durante el proceso de expansión, ICE también modificó sus programas de capacitación para incorporar nuevos integrantes con mayor rapidez.

Investigaciones periodísticas y declaraciones de antiguos funcionarios señalaron reducciones en la duración de ciertos cursos y cuestionaron la preparación de algunos agentes para enfrentar situaciones complejas.

Entre los temas señalados figuran el uso proporcional de la fuerza, la seguridad en el manejo de armas y el respeto de los derechos constitucionales.

El DHS informó posteriormente de modificaciones destinadas a ampliar parte de la formación y ofrecer capacitación adicional a personal que había completado programas anteriores.

La controversia plantea una cuestión fundamental: cómo garantizar que el crecimiento operativo de una agencia federal no reduzca los controles necesarios para ejercer funciones con consecuencias directas sobre la libertad y la seguridad de las personas.

Las familias inmigrantes frente a las operaciones de ICE

Las actuaciones de ICE afectan de manera directa a comunidades inmigrantes, especialmente en operaciones de detención, traslados y procedimientos de deportación.

Para las personas que enfrentan una intervención migratoria, el comportamiento de los agentes puede determinar si se respetan adecuadamente las garantías legales.

Los funcionarios federales deben actuar dentro de las competencias establecidas por la ley y respetar las normas aplicables al uso de la fuerza.

Por ello, los controles de antecedentes y la capacitación no son únicamente requisitos administrativos.

Constituyen mecanismos destinados a proteger tanto a la ciudadanía como a los propios agentes durante procedimientos que pueden involucrar situaciones de alto riesgo.

Las preguntas que siguen sin respuesta

A pesar de las denuncias y los hallazgos periodísticos, todavía existen interrogantes sobre el alcance real de las deficiencias identificadas.

No se dispone de una cifra pública consolidada y actualizada que permita conocer cuántos agentes contratados durante la expansión de ICE continúan pendientes de completar sus investigaciones de antecedentes.

Tampoco se ha establecido mediante una revisión pública integral cuántas personas recibieron autorización para participar en operaciones de campo sin haber terminado los procedimientos exigidos para sus cargos.

Estas diferencias son determinantes para comprender la magnitud del problema.

El hecho de que una persona tenga una investigación administrativa pendiente no demuestra que haya cometido una irregularidad.

Sin embargo, cuando existen denuncias de que se omitieron controles obligatorios, las autoridades tienen la responsabilidad de esclarecer lo sucedido y corregir cualquier incumplimiento demostrado.

Una prueba para la supervisión federal

La ampliación de ICE forma parte de la estrategia migratoria del Gobierno estadounidense, que busca incrementar su capacidad de detención y deportación.

Pero el aumento de personal también obliga a examinar la transparencia de los procedimientos utilizados para contratarlo.

La supervisión del Congreso, las investigaciones del Inspector General y el acceso a registros administrativos serán importantes para determinar si las fallas denunciadas fueron aisladas o reflejan problemas sistemáticos.

Omar Rodríguez
Omar Rodríguez

Corresponsal | Periodista investigativo

Omar José Rodríguez Bonilla

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