Uribe denuncia presión criminal sobre el voto y se desmarca de los ataques en campaña
Imagen: El Tiempo - Política
Álvaro Uribe Vélez denunció que en distintas zonas de Colombia los criminales están presionando a la gente para votar bajo amenaza. El expresidente también dijo que en campaña evitó los insultos contra Fajardo y Claudia López, en contraste con la polarización política.
Álvaro Uribe Vélez volvió a poner sobre la mesa una de las heridas más persistentes de la democracia colombiana: la amenaza armada o criminal sobre el voto. Según dijo en diálogo con El Tiempo - Política, en varias zonas del país hay poblaciones obligadas a participar en elecciones bajo intimidación, una práctica que no solo distorsiona la voluntad ciudadana sino que termina convirtiendo el sufragio en un acto condicionado por el miedo. El señalamiento llega en un momento en el que la discusión política en Colombia sigue atravesada por la desconfianza, la fragmentación y la sensación de que, en algunos territorios, el Estado todavía no logra garantizar algo tan básico como votar sin coerción.
En la misma conversación, Uribe aprovechó para subrayar que durante la campaña electoral decidió no acudir a los insultos ni a los ataques personales contra figuras de la oposición como Sergio Fajardo y Claudia López. El mensaje no es menor: el expresidente intentó presentarse como un actor que, al menos en el tono, se apartó de la confrontación más agresiva que suele dominar la conversación pública. Esa diferenciación tiene una lectura política clara. En un país donde el debate suele degradarse con facilidad en descalificaciones, Uribe intenta contrastar la discusión de ideas con la pelea personal, aunque ese gesto no borra el peso de su figura en la polarización que ha marcado a Colombia durante décadas.
Lo verdaderamente delicado, sin embargo, es la denuncia sobre las presiones al electorado. Colombia arrastra desde hace años reportes sobre constreñimiento al voto en regiones con presencia de actores armados, redes criminales o estructuras ilegales que buscan influir en alcaldías, gobernaciones y corporaciones públicas. Esa captura del proceso electoral golpea sobre todo a las comunidades rurales y periféricas, donde la institucionalidad suele llegar tarde o incompleta. Por eso este tipo de alertas importa más allá del discurso político: hablan de la fragilidad de la democracia en el territorio y de cómo, en algunos lugares, el ciudadano no decide en libertad sino bajo la sombra de quien controla la zona.
La combinación de ambos mensajes —la denuncia por amenazas y la distancia frente a los ataques verbales— deja ver dos problemas distintos pero conectados: la violencia que sigue condicionando el voto y el deterioro del debate público. Para la gente de a pie, la consecuencia es concreta: elegir representantes sigue siendo, en muchas regiones, una experiencia marcada por el riesgo y no por la confianza. Si el Estado no logra blindar el proceso electoral y los liderazgos políticos no bajan la temperatura de la confrontación, la democracia colombiana seguirá votando con una mano atada por el miedo y la otra atrapada en la crispación.
