Vicky Dávila y la crisis de credibilidad de los medios en Colombia
Omar RodríguezHace 1 año
El paso de la exdirectora de Semana a la competencia presidencial reabrió preguntas sobre la independencia de los medios, la influencia de los intereses económicos y el manejo de la información electoral. El problema de fondo trasciende a una periodista: ¿cómo puede la ciudadanía confiar en quienes informan cuando las fronteras entre comunicación, poder y política se vuelven cada vez más difíciles de distinguir? Por Omar Rodríguez SANA Prensa Independiente | Opinión y análisis crítico | Colombia 10 de febrero de 2025
El periodismo colombiano enfrenta una contradicción que debería preocupar a cualquier sociedad democrática: mientras exige transparencia a los gobiernos, a las empresas y a los dirigentes políticos, no siempre ofrece a sus audiencias la misma claridad sobre los intereses que pueden influir en sus decisiones editoriales.
La credibilidad no desaparece de un día para otro. Se deteriora cuando el ciudadano comienza a sospechar que detrás de una noticia existe una conveniencia, que una investigación responde a una disputa de poder o que determinados personajes reciben un tratamiento diferente según su cercanía con los propietarios o directores de un medio.
En ese escenario, el tránsito de Vicky Dávila desde la dirección de la revista Semana hacia una aspiración presidencial representa un caso que merece examinarse.
No porque un periodista tenga prohibido participar en política. Ese derecho también le corresponde.
La cuestión fundamental es otra: qué garantías tiene la sociedad de que la información recibida durante años fue construida con independencia de los intereses personales, empresariales o políticos de quienes dirigían el medio.
La respuesta no puede basarse en simpatías ni acusaciones sin pruebas. Debe buscarse en las decisiones editoriales, los documentos, las relaciones institucionales y la transparencia con que los medios explican su trabajo.
Cuando un periodista decide convertirse en candidato
En noviembre de 2024, Vicky Dávila anunció su salida de la dirección de Semana para emprender un proyecto presidencial.
La decisión puso fin a una etapa importante de su trayectoria periodística y abrió otra en la competencia política colombiana.
Durante años, Dávila había ejercido posiciones de alta visibilidad en medios de comunicación, desde los cuales entrevistó a dirigentes, difundió investigaciones y participó activamente en el debate público.
Su cambio de profesión no constituye, por sí mismo, una irregularidad.
Los periodistas tienen derechos políticos y pueden decidir participar en elecciones.
Sin embargo, cuando una figura que ha dirigido un medio de gran alcance se convierte en aspirante a un cargo público, surge una pregunta legítima sobre la relación entre la notoriedad adquirida mediante el ejercicio periodístico y la construcción de una candidatura.
No se trata de afirmar que las investigaciones anteriores respondían a un proyecto político oculto.
Se trata de reconocer que el tránsito entre ambos espacios exige un examen público sobre los conflictos de intereses, la separación de funciones y la autonomía editorial.
El periodismo y la actividad política pueden compartir protagonistas, pero sus responsabilidades son diferentes.
El primero debe reunir y contrastar información de interés público. La segunda busca construir apoyos para alcanzar y ejercer el poder.
Confundir esas funciones puede perjudicar la confianza de las audiencias.
De la dirección de Semana a la consulta presidencial
El 8 de marzo de 2026, Dávila participó en la Gran Consulta por Colombia, un mecanismo electoral que reunió a diferentes aspirantes presidenciales.
La ganadora fue Paloma Valencia.
Dávila reconoció el resultado y anunció su respaldo a la candidatura vencedora. También manifestó públicamente su interés en regresar a los medios de comunicación.
Ese recorrido permite plantear otra cuestión de interés público: ¿qué condiciones deberían acompañar el regreso al periodismo de una persona que ha participado directamente en una campaña presidencial?
La respuesta no puede consistir en negar su derecho al trabajo ni en suponer que toda actividad periodística posterior estará inevitablemente subordinada a sus preferencias políticas.
Pero tampoco sería suficiente ignorar su trayectoria reciente.
Las audiencias tienen derecho a conocer los antecedentes políticos relevantes de quienes conducen entrevistas, investigan candidatos o dirigen contenidos informativos.
La transparencia no elimina automáticamente los posibles conflictos de intereses.
Sí permite que los ciudadanos evalúen la información con mayor contexto.
Las encuestas: entre la medición electoral y la construcción de percepciones
Las encuestas cumplen una función importante en una democracia.
Cuando se realizan mediante procedimientos rigurosos, permiten estudiar tendencias de opinión y describir las preferencias de una población en un momento determinado.
Sin embargo, su influencia pública no depende exclusivamente de los resultados.
También importa quién financia el estudio, cuándo se publica, qué preguntas se formulan, cómo se presenta la metodología y qué interpretación ofrece el medio que lo difunde.
En Colombia, el Consejo Nacional Electoral mantiene registros de encuestas que permiten conocer información sobre sus responsables, financiadores y características técnicas.
Entre esos registros aparecen estudios de AtlasIntel publicados en 2026 y financiados por Publicaciones Semana.
La existencia de esa relación comercial es un dato público. No demuestra que los resultados hayan sido falsificados ni que una antigua directora del medio haya intervenido indebidamente en su elaboración.
Pero sí permite formular preguntas que deberían aplicarse a cualquier organización periodística.
¿El público conoce claramente quién pagó cada encuesta?
¿Se publica la ficha técnica completa?
¿Los titulares respetan los márgenes de error y el alcance real de las mediciones?
¿Se distingue entre intención de voto, favorabilidad, reconocimiento y posibilidades electorales?
¿Las interpretaciones editoriales permiten comprender la incertidumbre o presentan fotografías momentáneas de la opinión como si fueran resultados definitivos?
Estas preguntas son esenciales porque una encuesta no es una elección.
Y convertirla en una certeza política puede distorsionar la comprensión que los ciudadanos tienen del proceso democrático.
La denuncia no reemplaza la prueba
Una de las mayores amenazas para la credibilidad periodística consiste en presentar sospechas como si fueran hechos comprobados.
Durante la campaña presidencial circularon publicaciones que atribuían a un operativo policial la supuesta identificación de una empresa dedicada a manipular encuestas en favor de Vicky Dávila y Abelardo de la Espriella.
La agencia AFP verificó que las imágenes correspondían a una operación contra una presunta red de estafas digitales, sin relación demostrada con los candidatos ni con la manipulación de sondeos electorales.
El episodio ofrece una lección necesaria.
Si se exige a los medios investigar con rigor las relaciones entre poder económico y político, también debe exigirse rigor a quienes los cuestionan.
La crítica pierde fuerza cuando utiliza información falsa.
Atribuir manipulación de encuestas, pagos ocultos o investigaciones fabricadas requiere documentos, testimonios corroborados y evidencia específica.
No basta con que exista una afinidad política, una relación empresarial o una publicación favorable.
Tampoco basta con que un periodista despierte rechazo en determinados sectores.
El escrutinio público debe ser exigente, pero no puede convertirse en una licencia para afirmar hechos que no han sido demostrados.
El problema estructural: ¿quién controla la agenda informativa?
Reducir el debate sobre la credibilidad periodística a la trayectoria de una sola persona sería ignorar sus dimensiones más profundas.
Los medios de comunicación operan dentro de estructuras económicas.
Necesitan recursos para pagar periodistas, sostener investigaciones, mantener sus plataformas y financiar la producción de contenidos.
Muchos dependen, en distintas proporciones, de publicidad, suscripciones, inversión privada y otros ingresos comerciales.
Esa realidad no convierte automáticamente a un medio en dependiente de intereses indebidos.
Sin embargo, puede generar conflictos cuando los anunciantes, accionistas o directivos tienen intereses relacionados con los asuntos que deben investigarse.
Por eso la discusión sobre la independencia periodística no puede limitarse a declaraciones públicas de neutralidad.
Debe examinar las condiciones concretas en las que se producen las noticias.
¿Existen políticas claras para evitar interferencias de los propietarios?
¿Se identifican los contenidos patrocinados?
¿Se informan las relaciones comerciales relevantes?
¿Los periodistas pueden investigar a empresas vinculadas con los financiadores del medio?
¿Las correcciones se realizan con transparencia?
La independencia no debería depender exclusivamente de la buena voluntad de un director.
Necesita reglas, procedimientos y garantías que puedan conocerse y evaluarse.
El peligro de convertir la información en un instrumento de confrontación
El periodismo cumple una función de vigilancia sobre el ejercicio del poder.
Eso incluye investigar a gobiernos, congresistas, jueces, empresarios, candidatos y organizaciones que administran recursos o toman decisiones de interés público.
La investigación puede resultar incómoda.
También puede provocar disputas y respuestas de quienes son objeto de sus publicaciones.
Pero el valor de una denuncia no debe medirse por el daño político que produce.
Debe medirse por la calidad de sus pruebas.
Cuando un medio selecciona información únicamente para favorecer o perjudicar a determinados actores, abandona una parte esencial de su responsabilidad con la sociedad.
Y cuando un periodista utiliza acusaciones sin verificación para participar en una disputa ideológica, contribuye al mismo deterioro de credibilidad que afirma combatir.
El problema no consiste en que el periodismo tenga una mirada crítica.
Consiste en que las conclusiones aparezcan definidas antes de realizar la investigación.
La evidencia debe conducir al resultado, no utilizarse únicamente para justificarlo.
La independencia no significa guardar silencio ante el poder
En ocasiones se confunde la imparcialidad con la obligación de repartir responsabilidades por igual.
Ese criterio también puede deformar la información.
Si una investigación demuestra que una autoridad cometió una irregularidad, no corresponde atribuir responsabilidades equivalentes a sus adversarios para aparentar equilibrio.
Si existen documentos que acreditan una decisión, deben presentarse.
Si hay contradicciones, deben explicarse.
Y si una acusación carece de pruebas suficientes, debe reconocerse esa limitación.
La independencia periodística exige aplicar el mismo estándar de verificación a todas las personas, no producir conclusiones idénticas para todos los sectores políticos.
Esta distinción resulta fundamental en Colombia, donde la confrontación pública puede llevar a que una noticia sea juzgada únicamente por el personaje al que beneficia o perjudica.
Una investigación no debería considerarse verdadera porque favorezca nuestras convicciones.
Ni falsa porque cuestione a alguien con quien simpatizamos.
Su valor depende de lo que pueda demostrarse.
El caso Vicky Dávila y la responsabilidad de los medios
El paso de Dávila del periodismo a la política constituye una oportunidad para discutir cómo deben manejarse las trayectorias públicas que atraviesan ambas actividades.
Su candidatura no demuestra que su trabajo anterior estuviera determinado por intereses electorales.
Tampoco elimina la legitimidad de examinar las decisiones editoriales adoptadas durante su dirección y las relaciones entre las empresas periodísticas y el poder.
El criterio debe ser consistente.
Si existen decisiones editoriales cuestionables, deben analizarse con publicaciones concretas, documentos y testimonios contrastados.
Si se formulan acusaciones de manipulación o financiación irregular, debe exigirse evidencia.
Y si una investigación demuestra prácticas indebidas, corresponde identificar a los responsables específicos en lugar de atribuir culpabilidad de manera general.
La crítica resulta más sólida cuando diferencia lo documentado de lo que todavía necesita investigación.
Recuperar la credibilidad exige rendir cuentas
Colombia no necesita periodistas que se declaren independientes mientras mantienen opacas sus relaciones de interés.
Necesita medios capaces de explicar cómo obtienen sus recursos, cómo toman decisiones editoriales y qué mecanismos utilizan para corregir errores.
También necesita ciudadanos dispuestos a exigir pruebas incluso a los comunicadores con quienes coinciden políticamente.
La credibilidad no se recupera mediante campañas publicitarias ni proclamaciones de superioridad moral.
Se construye con investigaciones verificables, transparencia y responsabilidad frente a las audiencias.
El debate abierto por la trayectoria de Vicky Dávila debe entenderse en ese contexto más amplio.
No como una oportunidad para sustituir el análisis por ataques personales, sino como una invitación a examinar las fronteras entre periodismo, empresa y política.
La información es un derecho ciudadano. No debería convertirse en un instrumento cuya credibilidad dependa de los intereses de quien la publica o de las preferencias políticas de quien la recibe.
Por eso, la pregunta decisiva no es solamente a qué intereses responde un periodista.
Es si sus afirmaciones pueden comprobarse, si sus fuentes resisten el escrutinio y si su medio está dispuesto a rendir cuentas cuando se equivoca.
Corresponsal | Periodista investigativo
Omar Rodríguez es periodista, corresponsal y periodista investigativo de SANA Prensa Independiente, con base en Nueva York. Cuenta con más de una década de experiencia vinculada al ejercicio periodístico y a la cobertura de temas de interés público, actualidad, migración, derechos humanos, comunidad y asuntos institucionales.
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