Jamundí responde al atentado contra exalcalde con consejo de seguridad
Imagen: El Tiempo (Colombia)
La Alcaldía de Jamundí convocó un consejo extraordinario de seguridad tras el atentado contra el exalcalde del municipio, un ataque que dejó muerto a uno de sus escoltas. El caso ya está siendo rastreado con videos clave y una recompensa de 150 millones de pesos por información.
Jamundí amaneció otra vez mirando de frente una crisis de seguridad que no da tregua. Tras el atentado contra el exalcalde del municipio, que dejó como saldo la muerte de uno de sus escoltas, la alcaldesa Paola Castillo anunció que el caso será revisado en un consejo extraordinario de seguridad, una señal de que las autoridades locales perciben la gravedad del episodio y el riesgo de que escale la violencia política en la zona.
De acuerdo con la información conocida hasta ahora y divulgada por El Tiempo (Colombia), el ataque ya está siendo reconstruido a partir de videos considerados claves para identificar a los responsables. En paralelo, las autoridades ofrecen una recompensa de 150 millones de pesos por datos que permitan avanzar en la investigación. El monto deja ver no solo la prioridad institucional del caso, sino también la dificultad que enfrenta la fuerza pública para esclarecer un atentado que golpea a un exmandatario local y, al mismo tiempo, exhibe la vulnerabilidad de quienes siguen siendo blanco de estructuras criminales en el suroccidente del país.
El consejo extraordinario de seguridad no es un gesto protocolario: en Colombia, este tipo de reuniones suele activarse cuando un hecho altera el orden público o pone en evidencia fallas en la capacidad de prevención y reacción. Que Jamundí recurra a esta instancia habla de un municipio presionado por distintas amenazas, en un contexto donde la cercanía con corredores estratégicos, la disputa por rentas ilegales y la persistencia de grupos armados siguen alimentando hechos violentos. Por eso este atentado importa más allá del nombre de la víctima: toca de lleno la confianza ciudadana, la protección de líderes y exautoridades, y la capacidad del Estado para evitar que la intimidación siga marcando la vida pública local.
Lo que venga después dependerá de dos frentes: la calidad de las pruebas que aporten los videos y la rapidez con la que la investigación convierta esa evidencia en capturas concretas. Pero también habrá una prueba política para la administración municipal y para la gobernación: demostrar que la respuesta no se limita a anunciar recompensas, sino que se traduce en control territorial, prevención y protección real para una población que ya conoce demasiado bien el precio de la inseguridad.
