Zapatero exige al juez más datos a EE UU sobre el móvil incautado al dueño de Plus Ultra
Imagen: El País
La defensa de José Luis Rodríguez Zapatero ha pedido al juez que reclame a Estados Unidos más detalles sobre el volcado del móvil de Rodolfo Reyes, dueño de Plus Ultra. Quiere saber con qué autorización se incautó el teléfono en 2021 y qué controles hubo para garantizar un procedimiento válido.
La defensa de José Luis Rodríguez Zapatero ha movido ficha en una de las líneas más sensibles del caso Plus Ultra: pide al juez que solicite a Estados Unidos toda la información disponible sobre el volcado del teléfono de Rodolfo Reyes, propietario de la aerolínea, incautado en 2021. El objetivo es claro: comprobar si la extracción de datos se hizo bajo una autorización válida y si existieron garantías suficientes en un proceso que, según el entorno del expresidente, todavía deja demasiadas sombras.
Según la información conocida hasta ahora, el abogado de Zapatero quiere que el tribunal precise qué base legal amparó la incautación del dispositivo y cuáles fueron los mecanismos de verificación aplicados para asegurar que el contenido obtenido no esté contaminado por irregularidades. La petición se apoya en las “dudas razonables” que la defensa dice tener sobre la existencia de un procedimiento con garantías, una cuestión que en una investigación con ramificaciones internacionales no es un matiz menor: de ella puede depender la validez de parte de la información utilizada en el expediente. En otras palabras, la batalla no solo gira en torno a qué dice el teléfono, sino a si ese material puede considerarse procesalmente sólido.
El movimiento tiene lectura jurídica y también política. Plus Ultra ha estado bajo el foco desde hace años por el rescate público de la aerolínea y por las sospechas que rodearon esa operación, un terreno especialmente delicado porque conecta decisiones administrativas, intereses empresariales y el siempre explosivo debate sobre el uso de fondos públicos. En ese contexto, cualquier prueba obtenida fuera de España, y más aún si procede de una incautación practicada en Estados Unidos, exige una trazabilidad impecable. La defensa intenta blindarse frente a la posibilidad de que una pieza clave del caso quede debilitada si no se acredita cómo se obtuvo, quién la autorizó y bajo qué controles se verificó su integridad.
Más allá del pulso concreto entre la defensa y el juzgado, este episodio refleja un problema frecuente en investigaciones transnacionales: cuando la prueba cruza fronteras, también lo hacen las dudas sobre su legalidad y su cadena de custodia. Para un ciudadano corriente, estas disputas pueden sonar técnicas, pero tienen una consecuencia muy simple: si la justicia no puede demostrar de forma robusta cómo obtuvo una evidencia, el caso entero puede resentirse. Por eso la solicitud de Zapatero no es un gesto menor; es un intento de obligar a que Estados Unidos ponga sobre la mesa toda la información necesaria para saber si el material digital que alimenta la investigación nació, o no, con las garantías que exige un proceso serio.
