Zapatero exige más claridad a EE UU sobre el móvil incautado al dueño de Plus Ultra
Imagen: El País
La defensa de José Luis Rodríguez Zapatero ha pedido al juez que reclame a Estados Unidos más datos sobre la incautación y el volcado del móvil de Rodolfo Reyes en 2021. Sostiene que hay dudas razonables sobre si ese material se obtuvo con garantías suficientes.
La defensa de José Luis Rodríguez Zapatero ha movido ficha para que el juez exija a Estados Unidos más información sobre cómo se incautó y volcó en 2021 el teléfono de Rodolfo Reyes, el dueño de Plus Ultra. Según informó El País, el abogado del expresidente quiere saber cuál fue la autorización que amparó aquella intervención y qué controles se aplicaron para verificar que el procedimiento respetó las garantías básicas. La preocupación central es sencilla: si el origen de esos datos no está sólidamente blindado, su valor procesal puede quedar seriamente cuestionado.
El movimiento jurídico no es menor porque pone el foco en la cadena de obtención de una prueba que puede resultar relevante en un caso con implicaciones políticas y económicas de primer nivel. La petición de la defensa apunta a dos puntos concretos: por un lado, conocer el soporte legal que permitió la incautación del dispositivo; por otro, comprobar qué mecanismos de revisión existieron para descartar irregularidades en el acceso a la información. En la práctica, lo que se pide es transparencia sobre cómo se obtuvo un material que, de confirmarse sin suficientes garantías, podría abrir la puerta a impugnaciones posteriores.
Detrás de esta solicitud hay algo más que una disputa técnica sobre un teléfono móvil. El episodio se inserta en un contexto más amplio de cooperación judicial entre jurisdicciones y de vigilancia sobre la calidad de las pruebas obtenidas fuera de España, especialmente cuando pueden afectar a nombres tan sensibles como el de un expresidente. En casos de este tipo, la pregunta no es solo qué contiene el dispositivo, sino si el procedimiento seguido para llegar hasta él resistiría el escrutinio de un tribunal exigente. Por eso, la defensa insiste en que existen dudas razonables sobre la existencia de un proceso con todas las garantías, una fórmula que en derecho no es retórica: puede cambiar el peso de toda una investigación.
La relevancia del asunto también trasciende el caso concreto de Plus Ultra. Si los juzgados aceptan sin más documentación extranjera sobre la obtención de pruebas digitales, se corre el riesgo de debilitar el control sobre actuaciones que pueden tener consecuencias políticas, financieras y reputacionales muy profundas. En sentido inverso, si se exige una trazabilidad completa de la autorización, la custodia y la verificación del volcado, el mensaje será claro: en tiempos de investigación transfronteriza, la validez de la prueba importa tanto como el contenido que revele.
