Pérez dice que error en el artículo 65 no hunde el presupuesto
Imagen: El Tiempo - Política
El coordinador ponente John Edgar Pérez restó dramatismo al error detectado en el trámite del presupuesto y aseguró que no invalida todo el proyecto de ley. Según dijo, el Gobierno todavía puede optar por expedirlo por decreto o sancionarlo y enfrentar después el debate constitucional.
El error advertido en el trámite del presupuesto no tumba, por sí solo, todo el proyecto de ley. Así lo planteó el coordinador ponente John Edgar Pérez, quien sostuvo que la diferencia alrededor del artículo 65 no invalida el conjunto de la iniciativa y que el Ejecutivo todavía tiene margen para decidir cómo proceder en las próximas horas o días.
De acuerdo con lo expuesto por Pérez, el Gobierno enfrenta dos rutas posibles: adoptar el presupuesto por decreto o sancionar la ley y dejar que más adelante se resuelva el eventual choque constitucional. La discusión no es menor, porque el presupuesto define cómo se distribuyen los recursos del Estado y cualquier tropiezo en su trámite abre preguntas sobre la solidez jurídica del proceso legislativo y sobre el margen de maniobra del Ejecutivo para arrancar el año fiscal sin sobresaltos.
Este episodio vuelve a mostrar una tensión recurrente en la política colombiana: la distancia entre la aprobación formal de las leyes y la seguridad con la que quedan blindadas frente a cuestionamientos posteriores. En materia presupuestal, los errores de trámite no solo alimentan peleas entre Gobierno y Congreso, sino que también pueden traducirse en incertidumbre para la ejecución de programas, inversión pública y pagos comprometidos. Por eso, más allá del tecnicismo sobre el artículo 65, lo que está en juego es si el Ejecutivo logra sostener la arquitectura fiscal sin abrir un frente jurídico que termine en manos de la Corte Constitucional.
El desenlace dependerá de la lectura que haga el Gobierno sobre el costo político y legal de cada salida. Si opta por el decreto, gana rapidez, pero expone la decisión a un mayor escrutinio; si sanciona la ley, conserva la ruta institucional, aunque deja abierta una controversia que podría prolongarse y complicar la discusión pública sobre la transparencia del trámite.
