Pizarro se desmarca del caso Name y niega vínculo con actuaciones investigadas por la UNGRD
Imagen: El Tiempo - Política
María José Pizarro se desmarcó del caso Iván Name y de los señalamientos surgidos tras un fallo del Consejo de Estado que la menciona. La senadora sostuvo que su papel en la Mesa Directiva estuvo limitado a sus funciones y negó cualquier vínculo con esas actuaciones.
María José Pizarro salió a marcar distancia del escándalo que rodea a Iván Name y a las referencias que un fallo del Consejo de Estado hizo sobre su nombre en medio de la controversia por la UNGRD. La senadora del Pacto Histórico publicó un comunicado en el que negó tener relación con las actuaciones atribuidas al excongresista y defendió que su participación institucional se limitó estrictamente a las responsabilidades propias de la Mesa Directiva.
La reacción de Pizarro llega en un momento en el que cualquier mención al entramado de la UNGRD se ha convertido en un terreno minado para el Congreso, donde las explicaciones suelen llegar tarde y bajo presión. Según informó El Tiempo - Política, la congresista sostuvo que no tuvo ninguna injerencia en las decisiones o maniobras asociadas al caso Name, y que su actuación como integrante de la dirección legislativa no se salió del marco formal de sus competencias. En otras palabras, intentó cerrar la puerta a cualquier lectura que la vincule con los hechos que hoy golpean la credibilidad del Legislativo.
El contexto importa porque el caso UNGRD ya dejó de ser una investigación aislada sobre contratación o manejo de recursos: se convirtió en una radiografía de cómo operan las redes de poder en Bogotá, con ramificaciones que alcanzan a distintos sectores políticos. Que una senadora se vea obligada a aclarar su papel muestra hasta qué punto la crisis ha empezado a salpicar no solo a los protagonistas directos, sino también a figuras que estuvieron cerca de las estructuras de dirección en el Congreso. Para la opinión pública, el mensaje es claro: cada nombre que aparece en el expediente necesita explicaciones inmediatas, porque el costo reputacional ya no lo paga solo el implicado, sino todo el sistema político.
Pizarro busca, así, blindar su imagen en medio de una tormenta que todavía está lejos de cerrarse. Y aunque su comunicado apunta a diferenciar responsabilidades, el episodio deja una lección incómoda para la política colombiana: cuando los casos de corrupción se mezclan con el manejo institucional, incluso quienes no aparecen como señalados principales terminan forzados a salir a dar la cara. Esa es la nueva regla del desgaste público en Colombia: la distancia política ya no basta, y la exigencia ciudadana es cada vez más simple y más dura, menos discursos y más claridad.
