Novoa niega mención de Miguel Uribe y Aldinever en la mesa de negociación
Imagen: El Tiempo - Política
Armando Novoa negó que en la mesa de negociación del Gobierno se haya hablado de Miguel Uribe o de Aldinever, y aseguró que las actas no registran ese tipo de menciones. La respuesta eleva la tensión alrededor de los señalamientos hechos por María Claudia Tarazona y reabre el debate sobre la transparencia del proceso.
La controversia alrededor de las negociaciones del Gobierno tomó un nuevo giro luego de que Armando Novoa, jefe negociador oficial, rechazara de forma tajante que en esa mesa se hubiera mencionado el nombre de Miguel Uribe o que Aldinever hubiera participado en el espacio de discusión. Su versión busca desmarcar al Ejecutivo de cualquier insinuación sobre un eventual cruce entre la mesa y hechos sensibles que hoy generan ruido político y judicial.
Novoa sostuvo que, de acuerdo con lo revisado en las actas de la mesa de ese momento, no aparece ninguna referencia a ese asunto. Esa precisión no es menor: en procesos de diálogo con actores armados o estructuras en confrontación, lo que queda consignado en los documentos oficiales suele convertirse en la base para medir responsabilidades, trazabilidad y límites políticos. Cuando un funcionario de ese nivel afirma que no existe registro, lo que está defendiendo no es solo una versión de los hechos, sino la legitimidad de la negociación misma.
El choque con los comentarios de María Claudia Tarazona revela algo más profundo que una disputa de declaraciones. En Colombia, cada vez que una mesa de negociación entra en una zona gris, la conversación pública se divide entre quienes creen que estos espacios pueden ayudar a reducir la violencia y quienes sospechan que terminan sirviendo como blindaje para actores ilegales. Por eso este tipo de señalamientos tiene tanta carga: si un nombre como el de Miguel Uribe aparece en el debate, el asunto deja de ser técnico y se convierte en una discusión sobre seguridad política, confianza institucional y manejo de la información.
Para el Gobierno, la prioridad ahora parece ser cerrar la puerta a interpretaciones que lo vinculen con eventuales omisiones o conversaciones indebidas. Pero el costo político de este episodio ya está sobre la mesa. En un país acostumbrado a que las negociaciones con grupos armados se negocien tanto en los salones como en la opinión pública, cada contradicción alimenta sospechas, erosiona credibilidad y da munición a la oposición. Más allá de quién tenga razón en este episodio puntual, el caso deja una lección clara: sin actas claras, comunicación transparente y límites verificables, cualquier mesa de diálogo en Colombia queda expuesta a convertirse en un campo de batalla político antes que en una herramienta para la paz.
