Aguirre defiende la idea del golf del Canal y se desmarca del caso judicial
Imagen: El País
Esperanza Aguirre volvió a defender la polémica idea de convertir el Canal de Isabel II en una ‘cancha’ de golf, al tiempo que negó haber conocido las supuestas irregularidades ligadas a ese proyecto. La expresidenta madrileña se desmarcó además del proceso judicial que afecta a su sucesor y aseguró que ya había dejado el cargo cuando estalló el caso.
Esperanza Aguirre ha vuelto a poner sobre la mesa una de las iniciativas más controvertidas de su etapa al frente de la Comunidad de Madrid: la propuesta de habilitar una especie de “cancha” de golf vinculada al Canal de Isabel II. La expresidenta madrileña defendió que la idea nació tras un viaje a Tokio y trató de separarse por completo de las presuntas irregularidades que hoy salpican el proyecto y el juicio que afecta a su sucesor, Ignacio González. “Yo ya dimití”, sostuvo, en un intento de marcar distancia política y judicial con una operación que sigue generando sombras años después.
Según recogió El País, Aguirre insistió en que la inspiración para aquel planteamiento le llegó durante una visita a la capital japonesa, donde vio un uso del espacio que le pareció replicable en Madrid. Aun así, remarcó que nunca estuvo al tanto del desarrollo concreto de las obras ni de los posibles manejos posteriores. Su relato busca transmitir que la responsabilidad política terminó en la fase inicial de la idea y que el resto ya escapaba a su control, una defensa habitual en casos en los que la autoría de una decisión no coincide con la gestión de su ejecución.
El problema para la exdirigente popular es que ese argumento no resuelve la dimensión política del asunto. El Canal de Isabel II se convirtió durante años en uno de los principales focos de sospecha sobre la gestión del agua en Madrid y sobre una red de decisiones que acabó derivando en investigaciones judiciales de gran alcance. Que Aguirre reivindique el origen de la propuesta, pero niegue saber qué ocurrió después, reabre un debate incómodo: hasta dónde llega la responsabilidad de quien impulsa una idea que luego puede derivar en contratos, adjudicaciones o maniobras opacas. En una comunidad donde el Canal es una infraestructura estratégica y un símbolo de servicio público, el caso sigue teniendo impacto no solo por lo que revela del pasado, sino por lo que expone sobre los límites del control político dentro de una administración.
La intervención de Aguirre, en ese sentido, no cierra el episodio: lo mantiene vivo. Su defensa vuelve a colocar en primer plano una vieja constante de la política madrileña de aquella época, la mezcla entre grandes proyectos, decisiones tomadas en círculos muy cerrados y una posterior cascada de explicaciones fragmentadas. Para el votante, y especialmente para quienes siguen la pista de las responsabilidades públicas, la pregunta central no es solo quién tuvo la idea, sino quién vigiló su ejecución y quién permitió que el caso terminara en los tribunales.
