La gobernabilidad, primer examen del nuevo Gobierno en un país partido en dos
Imagen: El Tiempo - Política
El nuevo Gobierno asumirá con una tarea urgente: convertir el apoyo político disperso en capacidad real de mando. En un país dividido y con un Congreso fragmentado, la gobernabilidad será la prueba inmediata del presidente entrante.
La llegada del nuevo mandatario pone sobre la mesa una verdad incómoda: ganar una elección no garantiza gobernar con estabilidad. Su principal desafío no será solo fijar una agenda, sino conseguir que esa agenda sobreviva al choque entre un país políticamente dividido y un Congreso donde ninguna fuerza parece tener por sí sola la llave de las mayorías. En ese escenario, la gobernabilidad deja de ser una consigna para convertirse en una urgencia política y administrativa. Lo que está en juego no es únicamente el trámite de las reformas, sino la capacidad del Ejecutivo para evitar que la parálisis legislativa termine marcando los primeros meses de gobierno.
De acuerdo con la información conocida, el mandatario entrará al poder sin partido propio, aunque con el respaldo de varias colectividades que ayudaron a construir su victoria. Esa combinación puede ser una ventaja inicial, pero también una fuente de inestabilidad. El apoyo de múltiples partidos suele traducirse en una coalición amplia, sí, pero también frágil, condicionada por cuotas, acuerdos programáticos y lealtades que pueden cambiar con rapidez si no hay resultados visibles. En términos prácticos, eso significa que cada proyecto de ley, cada reforma y cada nombramiento importante tendrá que pasar por una negociación cuidadosa con el Congreso, donde el margen para improvisar es mínimo.
El contexto importa porque los gobiernos sin base partidaria sólida suelen depender de pactos que, al principio, parecen suficientes y luego se vuelven insuficientes. En países polarizados, esa debilidad institucional se siente rápido: la oposición se fortalece, los aliados reclaman más espacio y la ciudadanía empieza a medir al Gobierno no por sus promesas, sino por su capacidad para ejecutar. Por eso la prioridad del nuevo presidente no será únicamente defender su programa, sino construir un método de gobernabilidad. Eso implica diálogo real, mensajes claros, capacidad de concesión y, sobre todo, disciplina para que la negociación no se convierta en dispersión. Si el Ejecutivo fracasa en ese punto, el costo no lo pagará solo el Gobierno: lo pagará el país entero, atrapado entre la expectativa del cambio y el bloqueo político.
Hay un dato de fondo que no conviene perder de vista: en tiempos de fragmentación, la gobernabilidad se mide menos por el discurso y más por la aritmética legislativa. El nuevo Gobierno tendrá que demostrar si la alianza que lo llevó al poder era apenas electoral o si puede transformarse en una coalición capaz de sostener decisiones difíciles. En otras palabras, el verdadero inicio de esta administración no estará en el acto de posesión, sino en la primera negociación seria con el Congreso. Ahí se sabrá si el país entra en una etapa de acuerdos o en un nuevo ciclo de desgaste institucional.
