Carrillo niega nexos con las Guerrero y anuncia acciones legales tras nuevas acusaciones
Imagen: El Tiempo - Política
Carlos Carrillo rechazó las acusaciones de Angie Rodríguez y aseguró que no tiene vínculos con las hermanas Guerrero, a quienes dijo haber visto solo una vez en un despacho. El exdirector de la UNGRD anunció nuevas acciones legales mientras crece el ruido político alrededor del caso.
Carlos Carrillo salió al paso de las señalamientos de Angie Rodríguez y negó de manera enfática cualquier vínculo con las hermanas Guerrero, en medio de una nueva controversia que vuelve a poner bajo presión el debate sobre posibles redes de influencia alrededor de la UNGRD. El exdirector de la entidad no solo descartó las acusaciones, sino que además anunció que impulsará nuevas acciones legales para defender su nombre y responder a lo que considera afirmaciones sin sustento.
De acuerdo con lo que trascendió en la discusión pública y según reportó El Tiempo - Política, Carrillo sostuvo que a Juliana Guerrero la ha visto apenas una vez en un despacho, una precisión con la que busca desmontar la tesis de que existía una relación cercana o funcional entre ambos. Su versión aparece como una contrarréplica directa a Rodríguez, quien lo ha vinculado con presuntas conexiones que, de ser ciertas, podrían alimentar la sospecha sobre eventuales intermediaciones políticas y administrativas en una de las entidades más sensibles del Gobierno. En este punto, el caso deja de ser solo un cruce de declaraciones: se convierte en una pelea por credibilidad en la que cada palabra tiene consecuencias institucionales.
El episodio importa porque la UNGRD sigue siendo uno de los focos de mayor desgaste para el Ejecutivo y para varios actores políticos que han orbitado alrededor de la entidad. Cada nueva acusación, cada desmentido y cada anuncio de demandas amplían la sensación de que el caso no está cerrado y de que todavía pueden aparecer nombres, testimonios y versiones que reconfiguren el mapa de responsabilidades. Para la ciudadanía, el problema no es solo quién dice la verdad, sino qué tan permeadas estuvieron las decisiones públicas por relaciones personales, presiones internas o eventuales favores cruzados. En un país donde los escándalos administrativos suelen terminar archivados en medio del ruido, este tipo de choques reabre una pregunta más incómoda: ¿quién responde realmente cuando la política se mezcla con la contratación y el manejo de recursos de emergencia?
Carrillo, al anunciar medidas judiciales, intenta mover el debate del terreno mediático al jurídico, donde las acusaciones deben probarse y no solo instalarse en la opinión pública. Pero el daño político ya está hecho: el caso sigue sumando tensión, alimenta la desconfianza sobre la gestión de la UNGRD y mantiene viva la sospecha de que aún quedan piezas por encajar. En esa lógica, lo que ocurra en los tribunales será importante, pero no suficiente para borrar el impacto de una crisis que ya golpeó la narrativa de transparencia del Gobierno.
