Centro Democrático lleva al Consejo de Estado el decreto de Petro para mover presupuesto por El Niño
Imagen: El Tiempo - Política
El Centro Democrático llevó al Consejo de Estado el decreto con el que el gobierno de Gustavo Petro busca mover recursos del presupuesto para enfrentar el fenómeno de El Niño. La senadora que promovió la demanda pidió suspender de inmediato los artículos que permiten hacer traslados sin pasar por el Congreso.
El pulso político por el manejo del presupuesto volvió a encenderse en Bogotá. El Centro Democrático demandó ante el Consejo de Estado las facultades extraordinarias que el gobierno de Gustavo Petro se otorgó para mover recursos destinados a atender el fenómeno de El Niño, y pidió suspender de manera provisional los apartes del decreto que permiten hacer traslados sin el visto bueno del Congreso. La movida abre un nuevo frente de choque entre la oposición y la Casa de Nariño en medio de una coyuntura climática que exige respuestas rápidas, pero también controles institucionales.
Según informó El Tiempo - Política, la acción judicial fue impulsada por una senadora de esa colectividad, que considera que el Ejecutivo se extralimitó al autorizarse a sí mismo modificaciones presupuestales para responder a la emergencia. El centro de la discusión está en si el gobierno puede, bajo la gravedad de la situación por sequía, incendios y presión sobre el suministro de agua y energía, saltarse la ruta ordinaria de autorización del Legislativo. Para la oposición, el decreto abre una puerta peligrosa: la de mover plata pública sin el filtro del Congreso, lo que en términos políticos equivale a reducir el control democrático sobre el gasto.
El caso no es menor. En Colombia, el presupuesto no es solo un asunto técnico; es una de las principales herramientas de poder entre Ejecutivo y Legislativo. Cada vez que un gobierno intenta ampliar su margen para reasignar recursos, la discusión pasa de inmediato al terreno institucional: quién decide, con qué límites y bajo qué condiciones de urgencia. Y en este episodio, el contexto pesa doble. El fenómeno de El Niño ha elevado la presión sobre las finanzas públicas porque obliga a financiar medidas preventivas y de respuesta rápida, pero precisamente por eso crece la controversia sobre si la urgencia climática justifica flexibilizar los controles o si, por el contrario, el Ejecutivo está tentando una vía expedita para administrar recursos sin suficiente escrutinio. La decisión del Consejo de Estado será observada no solo por el Gobierno y la oposición, sino por gobernadores, alcaldes y entidades que esperan recursos para enfrentar los efectos del clima.
Más allá del trámite jurídico, el fondo del debate revela una tensión conocida en Colombia: cómo responder con rapidez a una crisis sin debilitar las reglas que protegen el uso del dinero público. Si el alto tribunal accede a la suspensión, el gobierno perdería margen para mover recursos con agilidad en plena emergencia; si la niega, Petro conservaría una herramienta clave para ejecutar su respuesta al fenómeno, aunque bajo el ruido político de quienes ven en el decreto un exceso de poder. En un país donde cada peso del presupuesto tiene destinatario, la pelea por estas facultades termina diciendo mucho más sobre el equilibrio institucional que sobre la lluvia o la sequía.
