Excombatientes de Comandos de Frontera salen de Putumayo y crece la tensión por el cierre
Imagen: El Tiempo - Política
Cerca de 50 excombatientes de Comandos de Frontera salieron de la zona de ubicación en Putumayo después del anuncio de cierre. Exnegociadores de paz advirtieron que los protocolos pactados no se habrían cumplido, lo que deja en riesgo el proceso.
La salida de cerca de 50 excombatientes de Comandos de Frontera de la zona de ubicación en Putumayo, tras el anuncio de cierre, abre una nueva grieta en un proceso de paz que ya venía bajo presión. El dato no solo evidencia tensión operativa en el terreno: también pone sobre la mesa una pregunta de fondo sobre la confianza entre las partes y la capacidad del Estado para sostener acuerdos en territorios donde la desconfianza ha sido la regla durante años.
De acuerdo con lo informado por El Tiempo - Política, exnegociadores de paz señalaron que los protocolos definidos para el cierre de la zona no se habrían cumplido. Ese detalle es clave porque, en procesos de esta naturaleza, el rigor en las reglas de salida, verificación y acompañamiento no es un trámite burocrático sino la base mínima para evitar rupturas, desbandadas o nuevos episodios de violencia. Cuando ese andamiaje falla, el mensaje que recibe la base armada es de incertidumbre, y el que recibe la población civil es todavía peor: que las promesas de estabilización siguen siendo frágiles.
El caso de Putumayo importa más allá de ese punto específico del sur del país. Esa región ha sido durante años un corredor estratégico para economías ilegales, movilidad armada y disputa territorial, por lo que cualquier tropiezo en un mecanismo de desmovilización o ubicación tiene efectos inmediatos sobre comunidades campesinas e indígenas que ya viven bajo presión. Si no se respetan los tiempos, las verificaciones y los compromisos institucionales, el riesgo no es solo que se rompa una mesa de diálogo: es que se refuercen los argumentos de quienes creen que negociar en Colombia sigue siendo una apuesta sin garantías reales.
Por eso este episodio debe leerse con cautela, pero también con sentido político. No se trata únicamente de un desacuerdo administrativo sobre un cierre, sino de una señal de alerta sobre la gobernabilidad de los acuerdos en zonas periféricas donde el Estado llega tarde y mal. Si el protocolo no se cumplió, como advierten los exnegociadores, el costo no lo pagan solo los excombatientes que abandonan un espacio definido; lo pagan también las familias de Putumayo, que vuelven a quedar en medio de una transición incierta entre la guerra y una paz que todavía no termina de aterrizar.
