Instituto para niños ciegos y sordos del Valle exige pago de deuda para reconstruirse tras el sismo
Imagen: El Tiempo (Colombia)
El Instituto para Niños Ciegos y Sordos del Valle pidió al Gobierno saldar una deuda de $38.000 millones de las EPS para avanzar en su reconstrucción tras el terremoto. La crisis financiera amenaza la atención de decenas de menores con discapacidad en medio de una emergencia ya marcada por pérdidas humanas.
El Instituto para Niños Ciegos y Sordos del Valle pidió al Gobierno que destrabe el pago de los $38.000 millones que las EPS le adeudan, una suma que hoy se volvió decisiva para avanzar en su reconstrucción después del terremoto. La petición no es solo contable: detrás de esos recursos está la posibilidad de recuperar una institución clave para la atención de niños y jóvenes con discapacidad en una región donde la oferta pública especializada sigue siendo insuficiente.
La urgencia aumentó luego del sismo, que dejó daños estructurales y obligó a revisar la capacidad operativa del centro. Según la información difundida por El Tiempo (Colombia), la dirección del instituto insiste en que sin ese dinero no hay margen real para recuperar aulas, áreas terapéuticas y espacios de apoyo indispensables para la educación y rehabilitación de los menores. La deuda acumulada con las EPS, además, golpea la caja de una entidad que depende de pagos oportunos para sostener personal especializado, equipos y servicios de atención continua.
Este caso revela una tensión de fondo que se repite en el sistema de salud y en el tejido social colombiano: instituciones esenciales para poblaciones vulnerables terminan atrapadas entre la mora de las aseguradoras, la lentitud estatal y las emergencias imprevistas. En el Valle del Cauca, donde muchas familias dependen de centros como este para acceder a terapias, educación adaptada y acompañamiento integral, la reconstrucción no es un lujo arquitectónico sino una condición mínima para no romper una cadena de atención que ya es frágil. Si el Gobierno no acelera una salida, el costo no solo será para la institución, sino para los niños que requieren continuidad en sus procesos y para las familias que no tienen alternativas equivalentes.
La historia también deja una pregunta incómoda sobre las prioridades públicas en Colombia: cómo garantizar que entidades que cumplen una función social insustituible no sobrevivan al ritmo de la deuda ajena. En un país donde el debate sobre la salud suele quedarse en cifras, este caso devuelve el foco a las consecuencias reales de la mora: menos acceso, más precariedad y, en escenarios de desastre, una recuperación mucho más lenta para quienes ya vivían en desventaja.
