Colpensiones pide más tiempo y busca mover la reforma pensional hasta abril de 2028
Imagen: infobae colombia
Colpensiones pidió aplazar un año la entrada en vigor de la reforma pensional y moverla hasta abril de 2028. La entidad dice que aún necesita ajustes tecnológicos, operativos, financieros e institucionales para evitar una transición caótica.
Colpensiones le puso freno al calendario de la reforma pensional y pidió aplazar un año su entrada en vigor, con el objetivo de que el nuevo sistema comience a regir en abril de 2028 y no antes. La solicitud no es menor: refleja que la entidad encargada de administrar una parte central del modelo todavía no considera listo el país para un cambio de esta magnitud, pese a que la discusión política ya está cerrada en el papel.
Según informó Infobae Colombia, la entidad sostiene que necesita más tiempo para completar los ajustes tecnológicos, operativos, financieros e institucionales que exige la implementación de la reforma. En otras palabras, el problema no es solo jurídico o político, sino de capacidad real del Estado para poner en marcha una transformación que tocará a millones de trabajadores, pensionados y cotizantes. La advertencia de Colpensiones apunta a una transición ordenada, pero también deja ver que el reloj institucional corre más lento que las expectativas del Gobierno y del Congreso.
El pedido tiene implicaciones de fondo. Una reforma pensional no se mide únicamente por su aprobación legislativa, sino por la posibilidad concreta de ejecutarla sin desorden, errores en la información de los afiliados o fallas en el manejo de aportes y prestaciones. En Colombia, donde los sistemas públicos suelen enfrentarse a cuellos de botella tecnológicos y a problemas de coordinación entre entidades, una implementación prematura podría traducirse en traumatismos para los ciudadanos: demoras, confusión sobre reglas de traslado y riesgos en la atención de millones de historias laborales. Por eso, la solicitud de Colpensiones no solo busca tiempo, sino blindaje frente a un eventual fracaso operativo que terminaría golpeando la credibilidad de la reforma.
Ahora bien, lo que está en juego va más allá de una nueva fecha en el calendario. Si el Gobierno acepta el aplazamiento, enviará una señal de prudencia administrativa, pero también reconocerá que la arquitectura del sistema todavía no está madura. Si lo rechaza, asumirá la responsabilidad de arrancar con una reforma que podría nacer tensionada y con riesgos de ejecución. En cualquiera de los dos escenarios, el debate deja una lección incómoda: en Colombia, cambiar las pensiones no solo exige voluntad política, sino un Estado capaz de sostener lo que promete.
