El legado de la tortura sigue frenando la justicia por el 11-S
Imagen: clarin colombia
Las confesiones arrancadas bajo coacción y la construcción de un sistema judicial paralelo hundieron durante años la posibilidad de un juicio rápido por los atentados del 11-S. Ese legado sigue frenando la justicia para las víctimas y alimenta una batalla política y legal en Estados Unidos.
Las víctimas del 11-S siguen esperando una justicia que, más de dos décadas después, continúa atrapada en el mismo punto de partida: decisiones del propio Gobierno de Estados Unidos que, según documenta Clarín Colombia, terminaron por deteriorar de raíz la posibilidad de un juicio rápido y confiable. El problema no es solo la lentitud del proceso, sino el peso de un legado de tortura y de ingeniería judicial improvisada que contaminó el caso desde sus primeros años.
De acuerdo con la información publicada por Clarín Colombia, el expediente quedó marcado por confesiones obtenidas bajo coacción y por la creación de un sistema judicial alternativo para procesar a los acusados. Ese diseño no solo levantó dudas sobre la validez de las pruebas, sino que abrió una cadena de litigios, objeciones y retrasos que han impedido cerrar el caso con una resolución de fondo. En la práctica, cada paso dado para acelerar la respuesta penal terminó generando nuevos obstáculos legales y éticos.
El trasfondo importa porque el 11-S no solo redefinió la política de seguridad de Estados Unidos; también dejó una herida institucional que sigue afectando la credibilidad del sistema de justicia estadounidense. Cuando un caso de esta magnitud depende de pruebas cuestionadas y de procedimientos excepcionales, el debate deja de ser únicamente judicial y se vuelve político: qué tan lejos puede ir un Estado en nombre de la seguridad y qué costo paga después para sostener la legitimidad de sus decisiones. Para las familias de las víctimas, el resultado ha sido una promesa de rendición de cuentas que se ha ido diluyendo con los años.
Ese es, al final, el centro del problema: no se trata solo de si habrá o no una condena, sino de si esa condena puede sostenerse sin dejar la sospecha de que la búsqueda de justicia se contaminó desde el inicio. El caso del 11-S sigue siendo una prueba incómoda para Washington, porque expone que la respuesta al terrorismo puede terminar debilitando exactamente aquello que dice defender: el Estado de derecho.
