Consejo de Estado ordena revisar tarifas de energía en el Caribe
Imagen: El Tiempo (Colombia)
El Consejo de Estado ordenó al Ministerio de Minas y a la Creg revisar la fórmula tarifaria de la energía en el Caribe para aliviar el peso de las pérdidas reconocidas a los usuarios. El fallo no fija ni porcentaje ni fecha de reducción, pero abre la puerta a un cambio regulatorio en 2026.
El Consejo de Estado le puso un nuevo límite al esquema con el que se calculan las tarifas de energía en el Caribe colombiano: ordenó al Ministerio de Minas y Energía y a la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) culminar las actuaciones necesarias para modificar las fórmulas que hoy trasladan a los usuarios parte del costo de las pérdidas del sistema. La decisión no establece un alivio inmediato ni define un porcentaje concreto de reducción, pero sí obliga al Gobierno y al regulador a mover una pieza que ha sido criticada durante años por encarecer el servicio en la región.
Según informó El Tiempo (Colombia), el fallo apunta a que se revise el componente tarifario que reconoce esas pérdidas dentro de la factura y que, en la práctica, termina impactando con más fuerza a los hogares del Caribe. La orden judicial no fija una fecha exacta para que empiecen a verse los cambios ni obliga a una rebaja automática, pero sí da un plazo institucional claro: MinMinas y la Creg deberán completar el trámite regulatorio para ajustar la metodología. En otras palabras, el tribunal no baja la tarifa por decreto, pero sí empuja al Estado a corregir un modelo que lleva años bajo presión política y social.
La relevancia de esta decisión va mucho más allá de una disputa técnica entre funcionarios y reguladores. En la Costa Caribe, la energía eléctrica se ha convertido en uno de los principales dolores de cabeza para millones de usuarios, no solo por el nivel de las facturas, sino por la sensación de que pagan más que el resto del país por un servicio que tampoco siempre responde con calidad y estabilidad. Por eso el fallo tiene peso político: reabre el debate sobre quién debe asumir los costos del sistema, cómo se calculan las pérdidas y hasta qué punto la regulación ha terminado descargando sobre los hogares problemas estructurales de infraestructura, recaudo y operación. Si el Gobierno cumple y modifica la fórmula, el impacto podría sentirse en 2026; si se dilata, el mensaje del tribunal quedará como otra advertencia en un mercado eléctrico que sigue sin resolver su mayor inequidad regional.
Para los usuarios, la noticia no es todavía una rebaja en el recibo, pero sí una señal de que la discusión entró en una fase decisiva. El Caribe lleva años reclamando una tarifa más justa, y ahora la pelota quedó en manos del Ejecutivo y de la Creg, que tendrán que convertir una orden judicial en una reforma concreta. Ahí estará la verdadera prueba: si esta vez el ajuste regulatorio logra traducirse en alivio real para los hogares o si el cambio termina atrapado, otra vez, en la lentitud del aparato estatal.
