Buenaventura acelera plan de choque por el agua y presiona al Gobierno por cofinanciación
Imagen: El Tiempo (Colombia)
Buenaventura volvió a quedar en el centro de la emergencia hídrica: la Gobernación del Valle y la Ungrd activaron un plan de choque mientras empujan una salida de fondo. Con $100 mil millones disponibles, la discusión ahora es quién pone el resto para transformar el acueducto.
La crisis de agua en Buenaventura entró en una nueva fase: ya no se habla solo de atender la emergencia, sino de forzar una solución estructural que saque al puerto del ciclo repetido de desabastecimiento. Según informó El Tiempo, la Gobernación del Valle y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres desplegaron un plan de contingencia para responder a la urgencia inmediata, mientras las autoridades departamentales insisten en que hay $100 mil millones listos para transformar el acueducto, pero que ese esfuerzo no alcanzará sin una cofinanciación real del Gobierno nacional.
El punto de fondo es claro: la plata ya no puede seguir siendo la excusa para aplazar decisiones. Desde el Valle sostienen que su compromiso financiero está sobre la mesa, pero que la magnitud del problema exige una intervención mayor, técnica y sostenida, capaz de modernizar una infraestructura que durante años ha operado al límite o, en la práctica, ha sido insuficiente para cubrir la demanda de una ciudad estratégica para el país. El despliegue de emergencia busca contener el golpe inmediato sobre la población, pero la apuesta política es otra: convertir la crisis en una obra de fondo que impida volver, dentro de unos meses, a la misma discusión de siempre.
Buenaventura no es cualquier territorio. Es el principal puerto sobre el Pacífico colombiano, una ciudad cuya actividad económica mueve buena parte del comercio exterior del país y, aun así, carga con rezagos históricos en servicios públicos básicos. Por eso la falta de agua no es solo un problema doméstico: afecta hogares, escuelas, centros de salud, comercios y la dinámica de una ciudad que ya convive con altos niveles de desigualdad y con una sensación persistente de abandono institucional. En ese contexto, la exigencia de cofinanciación al Gobierno nacional no es un gesto burocrático; es una señal de que el departamento quiere obligar a la Nación a asumir corresponsabilidad en una deuda histórica con el litoral Pacífico.
La pregunta ahora es si el Ejecutivo nacional responderá con recursos y velocidad, o si dejará que la emergencia se administre una vez más a punta de parches. Si el plan conjunto logra destrabar la inversión, Buenaventura podría empezar a salir de una crisis que se ha normalizado por demasiado tiempo. Si no, la ciudad seguirá pagando con racionamientos, incertidumbre y deterioro social el costo de una infraestructura que no estuvo a la altura de sus necesidades ni de su importancia para Colombia.
