Briceño sube el tono por posesión en Cali y pide sanción para quienes no asistan
Imagen: El Tiempo - Política
Daniel Briceño lanzó un pulso político en la Cámara tras la aprobación del traslado de la posesión presidencial a Cali: pidió que los congresistas que no asistan renuncien al salario de ese día. La discusión dejó ver que la polémica por el acto no es solo logística, sino también simbólica y política.
La decisión de llevar la posesión presidencial a Cali abrió un nuevo frente en el Congreso: el representante a la Cámara Daniel Briceño, del Centro Democrático, pidió que los congresistas que no asistan al acto renuncien al salario correspondiente a ese día. Su postura, expresada durante la plenaria en la que se aprobó el traslado, convirtió una discusión protocolaria en un pulso político sobre asistencia, legitimidad y uso de recursos públicos.
Según informó El Tiempo - Política, la solicitud de Briceño se produjo justo después de que la corporación avalara que la ceremonia salga de su escenario tradicional y se realice en la capital del Valle del Cauca. El congresista defendió que quienes decidan no presentarse a la posesión están en su derecho de hacerlo, pero consideró coherente que también asuman la consecuencia económica de no participar en un acto de esa naturaleza. La intervención elevó el tono de un debate que, en principio, giraba alrededor de la sede del evento, pero que rápidamente se mezcló con la confrontación política entre el Gobierno y la oposición.
Más allá de la frase de choque, el episodio deja ver algo más de fondo: la posesión presidencial se ha convertido en Colombia en una plataforma de mensaje político, no solo en una ceremonia institucional. Trasladarla a Cali busca enviar una señal sobre el territorio, el respaldo regional y la relación del Ejecutivo con una ciudad marcada por la movilización social, la desigualdad y las tensiones de seguridad. En ese contexto, la discusión sobre quién va y quién no va adquiere peso simbólico, porque también mide la distancia entre el Gobierno y sectores del Congreso que no solo cuestionan la agenda presidencial, sino que prefieren marcar su desacuerdo incluso en actos de Estado.
Para la ciudadanía, este tipo de debates puede parecer menor frente a los problemas urgentes del país, pero revela una constante de la política colombiana: cada gesto institucional se lee en clave de apoyo o resistencia. Que un congresista plantee renunciar al salario por no asistir no cambia la decisión ya tomada sobre Cali, pero sí deja sobre la mesa una pregunta incómoda para todos los sectores: hasta dónde llega la diferencia política cuando se trata de actos que, en teoría, deberían representar a toda la nación y no solo a la mayoría de turno.
