UdeG suspende a profesor acusado de acoso; alumnos exigen su expulsión y revisión interna
Imagen: infobae
La Universidad de Guadalajara suspendió a un profesor de la Prepa Santa Anita tras ser señalado por presunto acoso, luego de la presión pública de estudiantes que ahora exigen su expulsión definitiva. El caso abrió además una sospecha más delicada: posible encubrimiento de autoridades escolares.
La Universidad de Guadalajara (UdeG) decidió suspender a un profesor de la Preparatoria de Santa Anita luego de que estudiantes lo señalaran por presunto acoso, en un caso que ya escaló más allá de la conducta individual del docente. Lo que comenzó como una denuncia estudiantil terminó por convertirse en una exigencia más amplia: que no solo se investigue al profesor, sino también si hubo protección o encubrimiento desde dentro de la propia escuela. La presión de la comunidad estudiantil fue clave para mover a la institución, pero el reclamo ahora apunta a algo más profundo: qué tan seguras están las alumnas y los alumnos cuando la autoridad inmediata podría haber mirado hacia otro lado.
De acuerdo con la información difundida por Infobae, la medida adoptada por la UdeG fue la suspensión del docente mientras avanza la revisión del caso. Sin embargo, para los estudiantes la sanción provisional no alcanza. Ellos insisten en la expulsión y en que se aclare si directivos, personal administrativo o mandos escolares tuvieron conocimiento de los señalamientos y no actuaron a tiempo. Ese matiz importa porque en los casos de acoso, especialmente en entornos educativos, el problema rara vez se limita al agresor señalado: también se mide la respuesta de la institución, su capacidad de prevenir, escuchar y sancionar. Cuando esa cadena falla, el daño se multiplica y la confianza se rompe.
Este episodio vuelve a poner bajo la lupa una discusión que México arrastra desde hace años en sus escuelas y universidades: la diferencia entre reaccionar tarde y prevenir a tiempo. Una suspensión puede ser el primer paso administrativo, pero no necesariamente resuelve el fondo del problema si no hay una investigación seria, transparente y con consecuencias claras. Para la UdeG, el costo reputacional también es alto, porque la comunidad estudiantil ya no solo exige castigo sino garantías de que no habrá represalias ni carpetazo. Y para miles de familias que envían a sus hijos a un bachillerato público, el caso deja una señal incómoda: la seguridad escolar no puede depender de la presión en redes o de la protesta pública para ser tomada en serio.
En el corto plazo, lo decisivo será si la universidad expone con claridad qué protocolos activó, quién revisa la denuncia y qué mecanismos usará para evitar que el caso quede diluido. Si se confirma un posible encubrimiento, el golpe institucional será mayor que el propio señalamiento contra el profesor. Porque en educación, cuando falla la autoridad encargada de proteger, lo que se deteriora no es solo la disciplina interna: se erosiona la confianza de toda la comunidad.
