Protestas en Chile tras la decisión de Kast de no conmemorar el golpe de 1973

La decisión del presidente José Antonio Kast de no impulsar ceremonias oficiales para conmemorar el golpe de Estado contra Salvador Allende desató protestas en Chile y volvió a poner en primer plano una discusión que el país nunca ha cerrado del todo: cómo se recuerda el 11 de septiembre de 1973 y quién define la memoria pública. La controversia no es menor, porque toca uno de los puntos más sensibles de la política chilena: el legado de la dictadura de Augusto Pinochet, el lugar de Allende en la historia nacional y los límites entre reconciliación y negacionismo.

Kast defendió su postura con un argumento que en apariencia busca proyectar unidad: dijo que Chile necesita mirar hacia adelante y no quedarse anclado en el pasado. Pero esa frase, repetida por sectores conservadores en distintos momentos de la historia reciente de América Latina, cayó como provocación entre organizaciones de derechos humanos, partidos de izquierda y manifestantes que salieron a las calles para rechazar lo que consideran un gesto de desmemoria institucional. En el fondo, la discusión no es solo sobre una ceremonia, sino sobre el mensaje político que envía un gobierno cuando decide restar visibilidad estatal a un hecho que marcó el quiebre democrático más profundo del país en el siglo XX.

El trasfondo ayuda a entender por qué esta disputa sigue generando tanta tensión. El golpe de 1973 no fue un episodio aislado, sino el inicio de una dictadura que dejó miles de víctimas, exilios, desapariciones y una fractura social que todavía atraviesa a varias generaciones. En Chile, como en otros países de la región, la memoria no es un asunto simbólico: influye en la educación, en los tribunales, en la política y en la forma en que se protege o se debilita el consenso democrático. Cuando un presidente opta por no conmemorar oficialmente esa fecha, la pregunta de fondo es si el Estado está siendo neutral o si está tomando partido en la disputa por el relato histórico.

Para la ciudadanía, este tipo de decisiones importa más allá del debate académico o ideológico. En un país que todavía discute responsabilidades, reparación y verdad, la forma en que el poder público administra la memoria define qué heridas se reconocen y cuáles se minimizan. Las protestas no solo expresan rechazo a Kast: también muestran que, medio siglo después del golpe, Chile sigue peleando por el significado político de su pasado, y que cada intento de pasar página sin mirar el libro completo termina reabriendo la misma historia.