Desalinizadoras para Santa Marta se frenan y Gobierno busca nuevas salidas para el agua
Imagen: El Tiempo (Colombia)
Las desalinizadoras prometidas para Santa Marta quedaron en el aire: el Gobierno y la Alcaldía revisarán otras rutas para enfrentar la crisis de agua potable. El anuncio golpea una ciudad donde la escasez dejó de ser coyuntural y se convirtió en problema estructural.
Santa Marta volvió a quedarse sin una respuesta definitiva para su crisis de agua potable. El proyecto de desalinizadoras, que aparecía como una de las salidas más concretas para aliviar la escasez, quedó frenado y ahora será reemplazado por una revisión de alternativas entre la Alcaldía y el Ministerio de Vivienda, una decisión que confirma que la solución para la ciudad sigue sin aterrizarse, pese a los anuncios previos de destrabe.
Según informó El Tiempo (Colombia), el plan contemplaba una inversión de 786.032 millones de pesos y en agosto el Distrito había asegurado que el proyecto se había destrabado. Sin embargo, el panorama cambió y las autoridades locales ahora pidieron sentarse con MinVivienda para evaluar otras opciones que permitan garantizar el acceso al agua potable. La noticia no solo implica un revés técnico o administrativo: para miles de samarios, significa prolongar la incertidumbre en una ciudad que depende de fuentes cada vez más frágiles y de una infraestructura que no ha logrado responder al crecimiento urbano ni a la presión climática.
El caso de Santa Marta revela un problema de fondo que Colombia arrastra desde hace años: la distancia entre los anuncios de inversión y la ejecución real de obras estratégicas en servicios públicos. Una desalinizadora no es una solución menor; en territorios costeros con estrés hídrico puede convertirse en una pieza clave de seguridad hídrica. Pero también exige estudios serios, financiamiento estable, permisos claros y una coordinación política que en este caso parece haberse enredado antes de llegar a obra. Que el proyecto no avance, después de haber sido presentado como destrabado, deja ver las dificultades del Distrito y la Nación para convertir promesas en infraestructura efectiva.
La discusión que se abre ahora con el Ministerio de Vivienda debería ir más allá de escoger entre una obra u otra. Lo que está en juego es si Santa Marta seguirá dependiendo de soluciones temporales o si, por fin, se construirá una estrategia de largo plazo para blindar el suministro de agua. En una ciudad donde el racionamiento, los cortes y la ansiedad por el líquido marcan la vida cotidiana, cada retraso tiene un costo social inmediato. Y cuando el agua falta, el debate deja de ser técnico: se convierte en una crisis de gobernabilidad.
