Defensa de Sneyder Pinilla cuestiona traslado del exdirector de la Ungrd a La Picota
Imagen: infobae colombia
La defensa de Sneyder Pinilla pidió frenar su traslado a La Picota al advertir que el Inpec estaría ignorando una orden judicial vigente sobre su lugar de reclusión. El abogado Luis Gustavo Moreno Rivera sostiene que la vida e integridad del exdirector de la Ungrd deben ser protegidas.
La defensa de Sneyder Pinilla encendió las alarmas tras el traslado del exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) a la cárcel La Picota, en Bogotá. El abogado Luis Gustavo Moreno Rivera pidió revocar la resolución del Inpec al considerar que la decisión desconoce una orden judicial que seguía vigente sobre el lugar donde debía permanecer recluido su cliente.
La solicitud abre un nuevo frente en uno de los casos más sensibles que hoy comprometen a la entidad encargada de atender emergencias en Colombia. Según informó Infobae Colombia, Moreno Rivera advirtió que la medida adoptada por el Inpec no solo tendría problemas jurídicos, sino que además expone a Pinilla a riesgos que, a juicio de su defensa, comprometen su vida e integridad personal. El planteamiento central es que no puede ejecutarse un traslado sin antes resolver la tensión entre la orden judicial previa y la decisión administrativa que lo llevó a La Picota.
El episodio importa más allá del trámite carcelario. Pinilla se convirtió en una figura clave dentro del escándalo de la Ungrd, un caso que ha golpeado la credibilidad del Gobierno y ha puesto bajo escrutinio el manejo de recursos públicos destinados a la atención de desastres. En ese contexto, cualquier cambio en sus condiciones de reclusión no es un asunto menor: puede afectar su seguridad, su colaboración con la justicia y el desarrollo mismo de las investigaciones. En Colombia, el sistema penitenciario ha sido cuestionado repetidamente por decisiones de traslado que terminan desatando conflictos jurídicos y problemas de protección para internos de alto perfil.
Lo que está en juego ahora es si el Inpec actuó dentro de sus competencias o si, como sostiene la defensa, pasó por alto una orden que debía cumplirse antes de mover al exfuncionario. Si los jueces dan la razón a Moreno Rivera, el caso podría dejar en evidencia fallas de coordinación entre autoridades judiciales y penitenciarias; si no, Pinilla quedará formalmente ubicado en uno de los centros de reclusión más vigilados del país, pero también más expuestos a tensiones de seguridad. En cualquiera de los escenarios, el mensaje es el mismo: la discusión sobre su traslado no es un detalle administrativo, sino una prueba de qué tanto respetan las instituciones colombianas las decisiones judiciales cuando están en juego la vida y el debido proceso.
