La vivienda aprieta al Gobierno español y Junts amenaza con tumbar su respuesta
Imagen: El País
La crisis de la vivienda en España llegó al Congreso tras una semana de presión social y tensión política que terminó por acelerar un pacto entre PSOE y Sumar. Junts ya adelantó que tumbará los dos textos, dejando al Gobierno ante otra derrota sensible en un tema que golpea a millones de inquilinos.
La vivienda vuelve a exhibir su capacidad para desestabilizar la política española. La presión social en las calles, con Madrid como epicentro de la protesta, empujó al PSOE y a Sumar a cerrar a contrarreloj dos textos que hoy llegan al Congreso, pero el anuncio de Junts de que votará en contra amenaza con dejar la iniciativa en el aire y con evidenciar, otra vez, la fragilidad de la mayoría que sostiene al Gobierno de Pedro Sánchez.
El movimiento no nació en el Parlamento, sino en la calle. La indignación por los desahucios, el encarecimiento de los alquileres y la sensación de que el mercado inmobiliario se ha convertido en una trampa para amplias capas de la población aceleraron las negociaciones entre los socios de coalición. Según informó El País, el contexto de movilización social en Madrid fue decisivo para que ambas formaciones intentaran fijar una respuesta política antes de que el malestar siguiera creciendo y terminara por comerse el relato del Ejecutivo en uno de los asuntos que más preocupan hoy a la ciudadanía.
Pero el problema de fondo no es solo legislativo: es estructural. España arrastra desde hace años un mercado tensionado por la escasez de vivienda asequible, el peso del alquiler turístico, la concentración de la oferta en grandes ciudades y una regulación que llega tarde frente a una demanda que no deja de crecer. En ese escenario, cada intento de reforma se convierte en una prueba de fuerza entre los partidos del bloque de investidura, las comunidades autónomas, los propietarios y los movimientos sociales. Que Junts se desmarque no es un simple voto en contra: es una señal de que el Gobierno tiene cada vez menos margen para convertir la emergencia habitacional en una política sostenida y no solo en una reacción de urgencia.
Lo que está en juego tras esta jornada no es únicamente el futuro de dos textos parlamentarios. También se mide la capacidad del Ejecutivo para responder a una crisis que ya no se percibe como un problema sectorial, sino como una amenaza directa al acceso a la vida cotidiana: emanciparse, alquilar, mudarse o conservar una casa se ha vuelto una carrera de obstáculos para miles de familias. Si el Congreso termina bloqueando la respuesta, la presión volverá a la calle. Y en un país donde la vivienda se ha transformado en el gran termómetro del descontento social, ese pulso apenas está empezando.
