Escudo de las Américas respalda a Bolivia tras la caída del fiscal general Mariaca
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Estados Unidos y otros 14 países del Escudo de las Américas cerraron filas con Bolivia en su ofensiva contra el narcotráfico y la corrupción. El respaldo llega tras la detención del fiscal general Róger Mariaca, sancionado por Washington y señalado por presuntos vínculos con redes ilícitas.
Estados Unidos y otros 14 países del bloque conocido como Escudo de las Américas salieron este jueves a respaldar a Bolivia en su ofensiva contra el narcotráfico y la corrupción, en un gesto político que refuerza la presión internacional sobre las élites judiciales y policiales señaladas por facilitar la expansión de las redes criminales. El pronunciamiento llega apenas días después de la detención del fiscal general boliviano, Róger Mariaca, una captura que abrió un nuevo frente de tensión dentro del aparato estatal y que, por su simbolismo, puede marcar un antes y un después en la relación entre La Paz y Washington.
La declaración conjunta —difundida por el Departamento de Estado estadounidense— fue firmada por Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guyana, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú y Trinidad y Tobago, además de Estados Unidos. Los gobiernos expresaron su respaldo a las medidas adoptadas por el Ejecutivo boliviano para perseguir estructuras vinculadas al tráfico de drogas y exigir responsabilidades a quienes, desde cargos públicos, habrían protegido esas redes. También pidieron que las investigaciones continúen y que los presuntos integrantes de estas organizaciones sean llevados ante la justicia, en un mensaje que busca combinar apoyo político con una advertencia clara: la impunidad ya no tiene margen en la región.
El pronunciamiento no es menor. En el lenguaje diplomático de la región, pocas veces se ve una alineación tan amplia en torno a un caso que mezcla narcotráfico, corrupción institucional y crisis de credibilidad del sistema judicial. El hecho de que Washington y sus aliados subrayen operaciones recientes contra altos cargos, pasados y presentes, revela que la ofensiva no apunta solo a criminales de calle o a laboratorios clandestinos, sino a las estructuras que permiten que el negocio ilegal sobreviva desde dentro del Estado. Eso explica por qué el caso Mariaca excede a Bolivia: lo que está en juego es la capacidad de los gobiernos democráticos de frenar la captura institucional por parte de economías criminales que operan en red y cruzan fronteras. Para la ciudadanía, especialmente en países golpeados por el narco como Colombia y Ecuador, el mensaje es directo: cuando la justicia se corrompe, el crimen no solo avanza, sino que se vuelve sistema.
El trasfondo inmediato es explosivo. Mariaca fue detenido junto con el fiscal del departamento de Santa Cruz, Alberto Zeballos, en el aeropuerto Viru Viru de Santa Cruz de la Sierra, poco después de haber sido sancionados por Estados Unidos bajo acusaciones de corrupción y de favorecer al narcotráfico. Desde la Fiscalía boliviana denunciaron un supuesto secuestro y una vulneración de derechos, alegando que no existía orden de aprehensión y que el funcionario fue retenido de manera informal. En cambio, fuentes policiales citadas por El Deber sostuvieron que ambos fueron interceptados por inteligencia a su llegada desde Sucre, aunque sin detallar los motivos. Mientras la versión oficial boliviana intenta presentarlo como un abuso institucional, el respaldo del bloque regional envía la señal contraria: que la presión sobre las redes de poder incrustadas en el Estado apenas comienza y que, para buena parte de la región, Bolivia se convirtió en un caso de prueba sobre hasta dónde está dispuesto a llegar el continente para enfrentar al narco cuando este se mezcla con la política y la justicia.
