Gobierno congela alza de la gasolina y cubre con recursos públicos el ajuste al etanol
Imagen: infobae colombia
El Gobierno colombiano frenó el alza de $46 por galón en la gasolina prevista para octubre y decidió asumir el costo del ajuste al etanol. La medida evita un golpe inmediato al bolsillo de los conductores, pero traslada la presión fiscal al Estado.
El Gobierno colombiano decidió echar marcha atrás al aumento de $46 por galón en el precio de la gasolina que estaba previsto para octubre, una medida que habría golpeado de inmediato el bolsillo de millones de conductores. En cambio, el ajuste asociado al etanol no se trasladará al consumidor: el Ejecutivo asumirá el costo para sostener el esquema de reconocimiento a los productores del biocombustible.
Según informó Infobae Colombia, los ministerios de Hacienda y de Minas y Energía confirmaron que el Estado cubrirá cerca de $8.300 millones para evitar que ese incremento se refleje en el precio final de la gasolina. En la práctica, la decisión congela por ahora una presión que venía creciendo sobre los combustibles y que, de haberse aplicado, habría incidido no solo en los gastos de transporte privado sino también en la cadena de costos de alimentos, carga y servicios en distintas regiones del país.
La movida tiene lectura política y fiscal al mismo tiempo. Por un lado, el Gobierno busca contener el desgaste social que generan los aumentos en combustibles, un tema especialmente sensible en un país donde el transporte depende en gran medida de la gasolina y donde cualquier variación termina filtrándose rápidamente al costo de vida. Por otro, la decisión significa que el Estado absorberá una obligación que no estaba pensada para desaparecer, sino para ser financiada sin trasladar la factura al consumidor. Ese tipo de alivio, aunque popular, también tensiona las cuentas públicas en un momento en que el margen fiscal es estrecho y cada subsidio o compensación abre el debate sobre sostenibilidad.
Más allá de la cifra puntual, la decisión vuelve a poner sobre la mesa una discusión de fondo: quién paga realmente la transición energética y el soporte a los biocombustibles. Mientras el Gobierno intenta equilibrar su discurso entre protección al consumidor y respaldo a la industria del etanol, los ciudadanos siguen expuestos a una volatilidad que se siente en la bomba de gasolina y luego en el resto de la economía. En un país donde moverse cuesta cada vez más, frenar un alza puede dar respiro, pero no resuelve el problema estructural de fondo: la dependencia del combustible fósil y la forma en que el Estado decide repartir sus costos.
