Lorena de la Garza denuncia a Samuel García y Mariana Rodríguez por violencia política de género
Imagen: infobae
La diputada priista Lorena de la Garza denunció ante la Fiscalía de Nuevo León al gobernador Samuel García y a Mariana Rodríguez por presunta violencia política de género. El caso abre un nuevo frente entre el Ejecutivo estatal y la oposición en un año marcado por la disputa política en la entidad.
La diputada local del PRI, Lorena de la Garza, presentó una denuncia ante la Fiscalía de Nuevo León contra el gobernador Samuel García y Mariana Rodríguez por presunta violencia política de género. La legisladora llevó a la autoridad ministerial los señalamientos hechos por el mandatario, a quien atribuye declaraciones y ataques que, según su postura, buscan desacreditarla y frenar su actuación pública.
De acuerdo con lo informado por Infobae, la denuncia se relaciona con una supuesta sanción millonaria que García habría mencionado como parte de una estrategia para contener los señalamientos mediáticos y políticos en su contra. El caso se suma a la larga tensión entre el gobierno estatal y la oposición priista, que desde hace meses ha escalado en el Congreso local, en tribunales y en el espacio público. En ese terreno, la figura de Mariana Rodríguez, esposa del gobernador y una de las caras más visibles del movimiento político que lo respalda, vuelve a entrar en el centro de la controversia.
Más allá del cruce personal, el episodio importa porque exhibe hasta qué punto la política en Nuevo León se ha convertido en una disputa sin tregua, donde las denuncias por violencia política de género ya no son excepcionales sino parte del repertorio de confrontación institucional. Para la clase política local, el caso puede marcar un precedente sobre los límites del discurso público cuando una autoridad utiliza su posición para cuestionar o presionar a una mujer en funciones. Para la ciudadanía, en cambio, el efecto es menos abstracto: mientras gobierno y oposición se enredan en denuncias cruzadas, los problemas de fondo del estado —seguridad, movilidad, finanzas y gobernabilidad— siguen a la espera de respuestas concretas.
Si la Fiscalía admite la denuncia y abre una investigación formal, el conflicto podría escalar todavía más y convertirse en un nuevo capítulo de la batalla política que acompaña a Samuel García desde su llegada al poder. En Nuevo León, donde la política se ha judicializado con frecuencia, cada denuncia no solo busca una resolución legal, sino también una ventaja narrativa en una contienda donde la opinión pública pesa tanto como las instituciones.
