Denuncian a De la Espriella por presunto hostigamiento a firmantes del Acuerdo de Paz

La denuncia penal contra el presidente electo Abelardo de la Espriella abre un nuevo frente de tensión política en Colombia: ya no se trata solo del debate público sobre el Acuerdo de Paz, sino de una posible escalada judicial por presunto hostigamiento contra quienes dejaron las armas y se acogieron al proceso. La acción fue presentada por la directora de Implementación del Acuerdo de Paz, quien además pidió que se examinen eventuales actos de violencia política de género contra Pilar Rueda, en un caso que vuelve a poner bajo la lupa el trato institucional y político hacia las mujeres que defienden la paz.

Según informó El Tiempo - Política, la denuncia no se limita a una discusión retórica sobre opiniones o discursos duros en campaña. Lo que se pide es que las autoridades investiguen si hubo conductas que pudieran afectar la integridad, seguridad y participación de los firmantes del acuerdo, un sector que sigue siendo especialmente vulnerable en varias regiones del país. La inclusión del nombre de Pilar Rueda en la solicitud amplía el alcance del caso, porque introduce una dimensión que en Colombia suele quedar subestimada: la violencia política de género, una práctica que no siempre se expresa con agresiones físicas, pero sí con intimidación, deslegitimación y ataques orientados a excluir a las mujeres del debate público.

Este episodio importa por dos razones de fondo. La primera es institucional: el país sigue administrando las tensiones del posacuerdo en medio de una polarización que convierte cualquier referencia a la paz en munición política. La segunda es de seguridad democrática: los firmantes del Acuerdo de Paz siguen siendo un grupo expuesto, y cualquier señal de hostigamiento desde el poder —real o percibida como tal— puede tener efectos en cadena sobre su protección, su participación y la confianza en las garantías ofrecidas por el Estado. Si la denuncia prospera, el caso podría marcar un precedente sobre los límites del discurso político frente a poblaciones protegidas por el acuerdo y sobre la obligación de investigar ataques con posible sesgo de género.

En el fondo, el expediente contra De la Espriella no solo pone a prueba su relación con el Acuerdo de Paz, sino también el nivel de tolerancia del nuevo ciclo político colombiano frente a la disidencia, la memoria del conflicto y los derechos de quienes apostaron por abandonar la guerra. Para los firmantes, y en particular para las mujeres que han sostenido esa defensa en escenarios hostiles, el mensaje de esta denuncia es claro: la batalla por la paz ya no se libra únicamente en los territorios, sino también en los estrados y en el terreno de la legitimidad pública.