Disidencias de Walter Mendoza niegan presión electoral en Tumaco y hablan de garantías

Las disidencias de Walter Mendoza salieron a desmarcarse de las versiones que, en las últimas horas, señalaban supuestas presiones sobre comunidades de Tumaco para incidir en la segunda vuelta presidencial del 21 de junio de 2026. En un pronunciamiento conjunto, el grupo rechazó de plano los señalamientos sobre retención de cédulas en el resguardo Inda Zabaleta y afirmó que, al menos desde su versión, en esa zona del Pacífico nariñense existen condiciones para que la población participe sin coacción. La declaración llega en un momento sensible: cuando la campaña entra en su tramo decisivo y cualquier denuncia sobre intimidación en territorios con presencia armada puede alterar la confianza de los votantes.

La discusión no es menor. Tumaco ha sido durante años uno de los municipios más golpeados por la disputa entre actores armados, economías ilegales y una institucionalidad que llega tarde o llega incompleta. En ese escenario, el control territorial suele traducirse en miedo, rumor y sospecha, y por eso cualquier señalamiento sobre retención de documentos, restricciones de movilidad o interferencia en la voluntad política prende alarmas de inmediato. Según informó infobae colombia, el pronunciamiento de las disidencias insistió en que no existe presión sobre las comunidades y que no habría obstáculos para ejercer el derecho al voto, una afirmación que busca neutralizar el ruido político y, al mismo tiempo, proyectar una imagen de control o de aparente normalidad en una región donde la confianza ciudadana es frágil.

Lo que está en juego va más allá de una versión desmentida. En Colombia, y especialmente en zonas rurales del suroccidente, las elecciones no se leen solo como una disputa entre candidaturas, sino como una prueba concreta de la capacidad del Estado para garantizar derechos básicos en territorios históricamente abandonados. Tumaco representa precisamente esa tensión: un municipio estratégico por su ubicación, por su peso electoral y por la persistencia de estructuras armadas que condicionan la vida cotidiana. Por eso, aun cuando el grupo insurgente niegue cualquier presión, la alerta no desaparece; al contrario, obliga a verificar en terreno si las comunidades realmente pueden votar libres, si tienen acceso a información y si las autoridades cuentan con presencia suficiente para evitar que la intimidación se imponga por debajo de la superficie.

De cara al 21 de junio, el episodio deja una lección incómoda pero necesaria: en Colombia, la disputa por el poder no termina en las urnas, también se juega en la capacidad de garantizar que cada ciudadano llegue a ellas sin miedo. Tumaco, una vez más, aparece como termómetro de esa realidad. Si las garantías existen de verdad, deberán probarse no con comunicados, sino con hechos visibles antes, durante y después de la jornada electoral.