Petro apuesta por una zona de concentración en el sur mientras golpea el narco en el mar
Imagen: infobae
Gustavo Petro firmó un decreto para habilitar una zona de concentración de combatientes en el sur de Colombia, una apuesta que vuelve a mover el tablero de la paz y la seguridad. La decisión llegó horas después de anunciarse la incautación de 2,6 toneladas de cocaína en una operación binacional con Costa Rica.
Gustavo Petro dio un nuevo giro a su política de “paz total” al firmar un decreto para crear una zona de concentración de combatientes en el sur de Colombia, una decisión que busca abrir un espacio controlado para eventuales procesos de desmovilización, diálogo o reagrupamiento bajo supervisión estatal. El anuncio, según informó infobae, llegó acompañado de un mensaje político claro: el presidente insistió en que la respuesta al conflicto no puede reducirse a una lógica de guerra convencional ni a una escalada militar, sino a salidas negociadas que permitan desactivar focos armados en territorios donde el Estado sigue teniendo una presencia intermitente. La medida se conoce en un momento en que el gobierno trata de demostrar resultados concretos frente a la opinión pública, especialmente en regiones golpeadas por la violencia, el narcotráfico y la fragmentación de grupos ilegales.
La decisión presidencial coincidió con la divulgación de otro golpe contra las redes del narcotráfico: la incautación de 2,6 toneladas de cocaína en aguas internacionales durante una operación coordinada entre Colombia y Costa Rica, según detalló la información base difundida por infobae. Esa interdicción no es un hecho aislado; refleja el peso que siguen teniendo las rutas marítimas en la salida de droga desde la costa colombiana hacia Centroamérica y, de allí, a mercados más amplios. En términos políticos, Petro utilizó ese contraste para reforzar su idea de que el combate a las economías ilícitas debe combinar control territorial, cooperación internacional y mecanismos de sometimiento o negociación con actores armados. En otras palabras: mientras el Estado decomisa droga en el mar, intenta también construir una arquitectura institucional para reducir la violencia en tierra.
El trasfondo de esta decisión importa mucho más allá del lenguaje técnico del decreto. Las zonas de concentración suelen ser instrumentos delicados porque pueden servir como puente hacia acuerdos de desarme o como espacios de disputa si no existen reglas claras, verificación internacional y garantías reales para las comunidades que viven alrededor. En Colombia, cada vez que se habla de concentrar combatientes, reaparecen preguntas incómodas: quién entra, quién manda, qué autoridad ejerce control, qué ocurre con las víctimas y cómo se evita que el territorio termine funcionando como santuario para economías criminales. Por eso la apuesta de Petro será leída no solo como una movida de paz, sino como una prueba de gobernabilidad en el sur del país, una zona históricamente atravesada por guerrillas, disidencias, cultivos ilícitos y abandono estatal. Si el decreto avanza sin seguridad jurídica ni resultados verificables, puede convertirse en otro episodio de promesa incumplida; si funciona, podría convertirse en una de las pocas señales concretas de que la estrategia de negociación todavía tiene margen en medio de un conflicto que no deja de mutar.
