Ataque con drones deja dos militares muertos y expone la fragilidad del Catatumbo

Dos militares murieron y cinco más resultaron heridos tras un ataque con drones cargados con explosivos contra el cantón militar El Trapiche, en Ocaña, Norte de Santander, una zona que desde hace años vive bajo la presión de grupos armados ilegales y economías criminales. El hecho, ocurrido en la noche del viernes, volvió a poner en evidencia que la guerra en el Catatumbo ya no se libra solo con fusiles o retenes, sino con herramientas tecnológicas cada vez más difíciles de anticipar y contener.

Según informó el presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, el reporte preliminar confirma la muerte de un oficial y de un soldado profesional, además de cinco uniformados lesionados. El mandatario agregó que una aeronave de la Fuerza Aérea también fue alcanzada por esquirlas, mientras que el Ejército activó los protocolos de seguridad y avanzó en la verificación de los daños. De acuerdo con las primeras versiones, el ataque habría sido ejecutado por el Frente Camilo Torres Restrepo del ELN, que lanzó artefactos explosivos desde drones contra la guarnición militar. Vecinos de la zona escucharon las primeras detonaciones hacia las 7:20 de la noche, en medio de una tensión que ya es parte del paisaje cotidiano en este corredor fronterizo.

Lo ocurrido en Ocaña no puede leerse como un hecho aislado. Norte de Santander, y particularmente el Catatumbo, sigue siendo uno de los territorios más disputados del país por el ELN, las disidencias de las FARC y otras estructuras dedicadas al control de rutas, extorsión y narcotráfico. La aparición de drones como instrumento de ataque confirma una mutación en las capacidades ofensivas de esos grupos, que buscan sorprender a la Fuerza Pública con métodos más precisos, menos visibles y más baratos que un asalto convencional. Para el Estado, el desafío ya no es solo recuperar presencia territorial, sino adaptarse a una amenaza que combina insurgencia, crimen organizado y tecnología.

El golpe llega además en un momento políticamente sensible, porque vuelve a presionar al gobierno a mostrar resultados en una región donde las promesas de seguridad rara vez se traducen en control efectivo. Cuando un ataque de este tipo alcanza una guarnición militar y además deja afectados a uniformados y a infraestructura aérea, el mensaje para la población civil es claro: la frontera sigue siendo un territorio donde el Estado llega tarde y, muchas veces, reacciona después del daño. De ahí el anuncio presidencial de una nueva estrategia para el Catatumbo, centrada en golpear mandos, finanzas y economías ilícitas. El problema es que, mientras esa respuesta se diseña, la violencia sigue marcando la agenda real de miles de familias atrapadas entre la guerra y el abandono.