Cataluña: dos tercios de los centros de PISA excluyeron alumnos por encima del límite
Imagen: El País
Dos tercios de los centros catalanes que participaron en PISA quintuplicaron el máximo de alumnos exentos, una práctica que pone bajo sospecha la foto real del rendimiento escolar. El hallazgo reabre el debate sobre la comparabilidad de los resultados y la presión por maquillar indicadores educativos.
Una investigación sobre la aplicación de PISA en Cataluña ha dejado una señal inquietante: 33 de los 51 centros que participaron en la prueba quintuplicaron el límite de estudiantes que pueden quedar exentos, una práctica que altera la representatividad de la evaluación y vuelve a poner en duda la fiabilidad de la muestra. El dato, adelantado por El País, no es menor porque PISA se utiliza precisamente para medir con una misma vara el nivel educativo de distintos territorios y comparar sistemas escolares con la menor distorsión posible.
Según la información publicada, el problema no se limita a una excepción aislada, sino que afecta a dos tercios de los centros examinados, lo que apunta a un patrón extendido y no a un fallo puntual de gestión. En este tipo de pruebas internacionales, las exenciones están previstas para casos concretos —por ejemplo, alumnado con necesidades específicas o situaciones excepcionales—, pero cuando el volumen de estudiantes excluidos crece de forma notable, la fotografía final deja de representar de manera fiel lo que ocurre en las aulas. En la práctica, eso significa que los resultados pueden reflejar mejor a los alumnos que sí se presentaron que al conjunto real del sistema.
La relevancia del hallazgo va más allá del caso catalán. PISA no solo ordena posiciones en un ranking: influye en diagnósticos públicos, orienta reformas educativas y alimenta debates políticos sobre calidad, equidad y recursos. Si una parte significativa de los centros manipula —por acción u omisión— la composición de la muestra, la comparación pierde valor y se abre una pregunta incómoda: ¿estamos midiendo el rendimiento del sistema o la capacidad de algunos centros para seleccionar quién entra en el examen? Para familias, docentes y administraciones, la respuesta importa porque de esas cifras dependen decisiones que afectan a la financiación, la planificación y la confianza en la escuela pública.
El caso también expone una tensión habitual en educación: la presión por obtener buenos resultados puede terminar empujando a algunas instituciones a proteger su reputación antes que a mostrar su realidad. Eso distorsiona el debate y castiga a quienes sí cumplen las reglas. Si las autoridades educativas no corrigen estas prácticas y refuerzan los controles, PISA corre el riesgo de convertirse en un ejercicio de apariencia más que de diagnóstico, justo lo contrario de lo que se espera de una evaluación internacional que aspira a ser una herramienta seria para mejorar la escuela.
