Parranda en Itagüí destapa el deterioro del control carcelario en Colombia
Imagen: infobae colombia
La parranda vallenata en la cárcel de Itagüí no fue un hecho aislado: expuso un patrón de relajo en el control penitenciario. Según denuncias de dragoneantes del Inpec, la “paz total” terminó debilitando la disciplina dentro de varios centros carcelarios.
La parranda vallenata dentro de la cárcel de Itagüí terminó por mostrar algo más grave que una fiesta prohibida: la pérdida de autoridad del Estado en los centros penitenciarios. De acuerdo con lo revelado por dragoneantes del Inpec y recogido por infobae colombia, el episodio no surgió de manera fortuita, sino en medio de una dinámica en la que las medidas de control se fueron diluyendo frente a las garantías ampliadas para los privados de la libertad bajo la política de paz total del gobierno de Gustavo Petro.
Según esa versión, en varios establecimientos carcelarios comenzó a imponerse una rutina en la que el mando formal del sistema penitenciario quedó en entredicho. Los custodios advierten que la disciplina interna perdió peso y que ciertos privilegios, autorizaciones o flexibilidades terminaron convirtiéndose en un mensaje peligroso: el de una autoridad que negocia demasiado y vigila demasiado poco. La frase atribuida a los internos en ese ambiente —según informó infobae colombia— resume el deterioro institucional que denuncian los guardianes: una sensación de que la ley cede dentro del penal mientras afuera sigue exigiéndose orden.
El caso importa porque revela una tensión de fondo en la política penitenciaria colombiana: cómo equilibrar el respeto a los derechos humanos de la población carcelaria con la obligación del Estado de conservar el control, impedir beneficios indebidos y evitar que las prisiones se conviertan en espacios de poder paralelo. La paz total, concebida como una apuesta para desescalar conflictos armados y abrir canales de diálogo con distintos actores, también ha impactado el clima dentro de las cárceles, donde algunos funcionarios sienten que las garantías se han interpretado como relajamiento operativo. Y cuando eso ocurre, no solo se debilita la seguridad interna; también se erosiona la confianza en el sistema judicial y penitenciario, con efectos que llegan hasta la calle, donde las órdenes criminales suelen salir precisamente de recintos que deberían estar bajo máxima custodia.
El episodio de Itagüí deja una alerta que no puede minimizarse: si el Estado pierde control en la cárcel, pierde también una parte de su capacidad para contener la violencia fuera de ella. La discusión ya no es solo sobre una parranda o una irregularidad puntual, sino sobre si el sistema penitenciario colombiano está entrando en una zona gris en la que la política de apertura termina confundida con permisividad. Y esa confusión, en un país con hacinamiento carcelario, corrupción interna y alta criminalidad organizada, puede salir muy cara.
