Peinado reabre la opción de retirar el pasaporte a Begoña Gómez y tensiona de nuevo al Gobierno
Imagen: El País
Juan Carlos Peinado vuelve a valorar si restringe el movimiento de Begoña Gómez tras una petición de la acusación popular. El Gobierno recuerda que ya hubo un rechazo similar en 2024 y advierte que ahora sería difícil entender un giro así.
El juez Juan Carlos Peinado tiene otra vez sobre la mesa una medida de alto voltaje político y jurídico: la posible retirada del pasaporte a Begoña Gómez. La iniciativa la ha planteado la acusación popular, encabezada por Hazte Oír, en la causa que investiga a la esposa del presidente del Gobierno, y ha provocado una respuesta inmediata del Ejecutivo, que considera que un cambio de criterio en este momento sería difícil de justificar después de que la misma petición ya hubiera sido descartada en 2024.
La discusión no es menor porque tocaría de lleno un derecho básico de movilidad y elevaría un escalón más la presión sobre una investigación que desde el principio ha estado marcada por el ruido político. Según la información publicada por El País, el magistrado conserva ahora esa posibilidad como una de las opciones procesales a analizar, aunque por el momento no consta una decisión firme. La acusación popular insiste en apretar el cerco judicial, mientras el Gobierno trata de contener el impacto institucional de una medida que, de prosperar, se leería inevitablemente como un endurecimiento del instructor frente a una de las figuras más sensibles del entorno de Pedro Sánchez.
El antecedente importa tanto como el movimiento actual: en 2024, el propio juez ya rechazó retirar el pasaporte, lo que convierte cualquier giro posterior en una decisión especialmente delicada. En términos judiciales, una medida de este tipo suele reservarse para supuestos en los que el órgano instructor aprecia riesgo de fuga o necesidad de asegurar la presencia del investigado en el procedimiento; en términos políticos, sin embargo, el efecto es mucho más amplio. No solo afecta a la percepción pública sobre la causa, sino también a la narrativa de confrontación entre el Ejecutivo y sectores que ven en esta investigación una vía para desgastar al presidente. Para el ciudadano de a pie, más allá del nombre propio, el caso vuelve a mostrar hasta qué punto la frontera entre justicia, estrategia política y presión mediática se ha vuelto cada vez más fina en España.
Si Peinado decide finalmente no mover ficha, reforzará la idea de que mantiene el mismo estándar que aplicó el año pasado. Si hace lo contrario, abrirá un nuevo frente de recursos, reproches y sospechas cruzadas que prolongará una batalla ya muy cargada de simbolismo. En ambos escenarios, la causa seguirá funcionando como termómetro de la relación entre poder político y poder judicial en un momento en que cada decisión del juzgado se interpreta también en clave de desgaste institucional.
