Briceño cuestiona el aval a la reforma pensional y alerta por su costo fiscal
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Daniel Briceño lanzó un duro cuestionamiento contra el aval de la Corte Constitucional a la reforma pensional y alertó que el país podría quedar atrapado en una carga fiscal mayor. El congresista sostuvo que el modelo aprobado no resuelve el problema de fondo y traslada costos a las nuevas generaciones.
Daniel Briceño, representante a la Cámara, reaccionó con dureza al aval que la Corte Constitucional le dio a la reforma pensional y aseguró que el país está comprando una solución política que puede salir cara en el mediano y largo plazo. En su lectura, el proyecto no solo no corrige los problemas estructurales del sistema, sino que abre la puerta a un incremento del pasivo pensional y a una presión mayor sobre las finanzas públicas, una advertencia que toca de frente una de las discusiones más sensibles para Colombia: quién va a pagar la vejez de millones de personas en una economía con baja formalidad laboral y una base tributaria estrecha.
El congresista planteó que el aval constitucional no despeja las dudas que han rodeado la reforma desde su trámite en el Congreso. Su señal de alarma apunta al impacto fiscal que podría generar el nuevo esquema y a la forma como, según él, se trasladan obligaciones hacia el futuro sin resolver el desequilibrio de fondo entre aportes y beneficios. En esa línea, Briceño insistió en que la reforma terminaría acumulando más deuda implícita para el Estado, mientras deja a las nuevas generaciones con una carga más pesada, en un país donde cada vez menos trabajadores cotizan de manera regular y donde el envejecimiento poblacional avanza más rápido que la capacidad institucional para responder.
El debate no es menor. Colombia arrastra desde hace años una arquitectura pensional fragmentada, costosa y profundamente desigual: una minoría logra pensionarse, mientras la mayoría llega a la vejez sin cobertura suficiente. Ese desbalance ha sido precisamente el argumento central de quienes defienden la reforma, pero también el punto de ataque de sus críticos, que ven riesgos en la sostenibilidad fiscal y en la concentración de las decisiones en el Estado. Por eso la discusión va más allá de la técnica jurídica o del pulso entre Gobierno y oposición: se trata de definir si el país construye un sistema más amplio y solidario sin poner en jaque las cuentas públicas, o si termina postergando el problema con una factura más alta para el futuro. En la práctica, lo que está en juego es si la reforma pensional será recordada como un ajuste necesario o como una promesa costosa que terminó agravando la crisis que pretendía resolver.
La controversia también deja ver un patrón ya conocido en la política colombiana: cuando se discuten reformas de gran calado, el país suele dividirse entre la urgencia de cambiar y el temor a los efectos secundarios. En pensiones, esa tensión es todavía más fuerte porque no se trata solo de números del presupuesto; se trata de expectativas de vida, de empleo informal y de una generación que probablemente no tendrá las mismas posibilidades de jubilarse que la anterior. Esa es, en el fondo, la advertencia que Briceño intenta instalar: que detrás del aval de la Corte no desaparecen las preguntas sobre quién carga con el costo real de la reforma.
