Congreso colombiano aprueba solo uno de cada siete proyectos en ocho años
Imagen: El Tiempo - Política
En Colombia, el Congreso ha aprobado apenas uno de cada siete proyectos de ley en los últimos ocho años, una tasa que deja al descubierto un sistema legislativo más lento y selectivo de lo que suele admitir el discurso político. Detrás del dato hay técnica, cálculo partidista y una trituradora de trámites que sepulta la mayoría de iniciativas.
En los últimos ocho años, el Congreso colombiano aprobó apenas uno de cada siete proyectos de ley radicados, una cifra que no solo describe una baja productividad legislativa, sino también el tamaño real de los obstáculos que enfrenta cualquier iniciativa para convertirse en norma. El dato, revelado por El Tiempo - Política, muestra que la mayoría de las propuestas se queda en el camino por una mezcla de complejidad técnica, control político y errores de procedimiento que terminan hundiendo expedientes antes de llegar a puerto.
El problema no es menor ni meramente estadístico. En el Legislativo colombiano no basta con presentar una idea atractiva o con respaldo mediático; cada proyecto debe sobrevivir a debates, ponencias, conciliaciones, tiempos reglamentarios y, sobre todo, a la capacidad de los partidos y las bancadas para frenar o acelerar su avance según convenga a sus alianzas, intereses o cálculos con el Gobierno de turno. A eso se suma que muchas iniciativas llegan mal estructuradas, con fallas jurídicas o presupuestales, lo que abre la puerta a demandas de inconstitucionalidad, objeciones técnicas o vicios de trámite que luego sirven como argumento para enterrarlas.
La cifra ayuda a explicar por qué el Congreso suele ser percibido por buena parte de la ciudadanía como una institución lenta, fragmentada y más reactiva que transformadora. También revela una realidad incómoda para los gobiernos: legislar en Colombia no depende solo de la voluntad política, sino de una negociación permanente con mayorías inestables, agendas congestionadas y una arquitectura institucional que premia la supervivencia de los proyectos más fuertes y castiga la improvisación. En la práctica, eso significa que temas urgentes para la gente —desde reformas sociales hasta cambios económicos o ajustes en salud, empleo o seguridad— pueden quedar atrapados durante meses o años en una maraña de discusiones sin resultado.
Más allá del número, lo que queda en evidencia es una pregunta de fondo sobre la calidad del proceso legislativo y la capacidad del Estado para responder con rapidez a problemas públicos cada vez más complejos. Si el Congreso sigue aprobando una fracción tan pequeña de lo que tramita, la discusión no debería limitarse a cuántos proyectos mueren, sino a por qué tantos nacen mal, se politizan demasiado o se ahogan en un sistema que muchas veces parece diseñado para filtrar más que para resolver.
