Cambio Radical denunciará a Petro por el llamado Pacto de Valledupar
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Enrique Vargas Lleras anunció que Cambio Radical llevará a Gustavo Petro ante la justicia penal por el llamado ‘Pacto de Valledupar’. La denuncia se sustentará, según dijo, en presuntos delitos de soborno y concierto para delinquir.
Enrique Vargas Lleras confirmó que Cambio Radical presentará una denuncia penal contra Gustavo Petro por el episodio conocido como el ‘Pacto de Valledupar’, una movida que eleva la presión política y judicial sobre el presidente en medio de la disputa por la gobernabilidad y la campaña anticipada que ya se siente en Colombia. El dirigente aseguró que la acción se apoyará en dos conductas que, a su juicio, ameritan revisión penal: soborno y concierto para delinquir.
La ofensiva judicial anunciada por Vargas Lleras no es un hecho menor. En la práctica, busca trasladar al terreno penal una controversia que hasta ahora se ha movido entre el debate público, las denuncias políticas y la interpretación sobre los límites de la acción del Gobierno. Aunque no se han detallado públicamente todos los soportes de la denuncia, el señalamiento de Cambio Radical apunta a que el caso debe ser examinado por las autoridades competentes bajo figuras de posible corrupción y asociación ilícita, de acuerdo con lo expuesto por el dirigente.
El anuncio llega en un momento especialmente sensible para Petro, cuyo gobierno enfrenta un clima de confrontación creciente con sectores de oposición que ven en este tipo de episodios una prueba de uso indebido del poder para favorecer intereses políticos. Para la oposición, llevar el caso a la Fiscalía no solo busca establecer responsabilidades, sino también instalar la idea de que el presidente cruzó líneas que no deberían tolerarse en una democracia. Para el petrismo, en cambio, este tipo de acciones suelen leerse como una estrategia de desgaste y judicialización de la política.
Más allá del pulso entre gobierno y oposición, el caso vuelve a poner sobre la mesa un problema recurrente en Colombia: la mezcla entre negociación política, cálculo electoral y presuntas irregularidades en el ejercicio del poder. Si la denuncia avanza, el expediente podría convertirse en un nuevo frente de tensión para la Casa de Nariño y para un país que sigue atrapado entre la polarización y la desconfianza institucional. En el fondo, lo que está en juego no es solo un nombre propio, sino la credibilidad de las reglas con las que se disputa el poder en Colombia.
