EE. UU. presiona a 19 países latinoamericanos para que abandonen la Corte Penal Internacional

Estados Unidos dio un paso más en su distanciamiento con la justicia penal internacional al pedir a 19 países de América Latina que abandonen la Corte Penal Internacional, una solicitud que no solo tensiona la relación con la región, sino que vuelve a poner sobre la mesa el choque entre soberanía nacional y rendición de cuentas global. La iniciativa, planteada por el secretario de Defensa, Pete Hegseth, parte de una acusación de fondo: el tribunal, según Washington, se ha convertido en una amenaza para la soberanía estadounidense.

De acuerdo con la información divulgada por infobae Estados Unidos, el planteamiento fue dirigido a gobiernos latinoamericanos en un momento en que la administración estadounidense endurece su discurso frente a organismos multilaterales que considera incómodos o políticamente sesgados. En la práctica, el mensaje es claro: Washington no quiere que sus aliados en la región mantengan vínculos con una corte que puede investigar crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y genocidio, incluso cuando esas pesquisas toquen intereses de potencias militares. La solicitud no es menor, porque la Corte Penal Internacional ha sido, para muchos países latinoamericanos, un instrumento de última instancia frente a la impunidad.

El trasfondo político de este movimiento es profundo. Estados Unidos nunca ha ratificado el Estatuto de Roma y ha mantenido una relación tensa con la CPI desde su creación, especialmente por el temor a que sus militares o altos funcionarios terminen bajo escrutinio judicial fuera de su propio sistema. Ahora, la presión se extiende sobre América Latina, una región donde varios países sí han respaldado al tribunal como parte de su compromiso con el derecho internacional. Para naciones con democracias frágiles, instituciones judiciales débiles o historiales de violaciones graves a los derechos humanos, abandonar la CPI no sería un simple gesto diplomático: significaría reducir una de las pocas vías externas de control frente a abusos de poder.

La jugada de Hegseth también tiene una lectura geopolítica. En un escenario internacional cada vez más fragmentado, Washington parece dispuesto a reordenar alianzas en función de su agenda de seguridad y de su disputa con organismos multilaterales que le imponen límites. Pero el costo podría sentirse en América Latina, donde la discusión no es teórica: la CPI ha sido observada por víctimas, organizaciones de derechos humanos y sectores opositores como una instancia de presión cuando los sistemas nacionales fallan. Si la campaña estadounidense prospera, el impacto no solo se medirá en el tablero diplomático, sino en la protección concreta que esos países ofrecen —o dejan de ofrecer— frente a posibles crímenes graves.