Gobierno ajusta estatuto antiterrorista tras polémica por su primer borrador
Imagen: El Tiempo - Política
El borrador del estatuto antiterrorista ya no deja la definición de terrorismo tan abierta como en su primera versión. El ajuste busca limitar ambigüedades y precisar qué grupos quedarían en la mira de las autoridades.
El Gobierno empezó a mover fichas en uno de los debates más sensibles de seguridad en Colombia: el estatuto antiterrorista. Tras las polémicas que levantó el primer borrador, el texto fue ajustado para precisar qué debe entenderse por un acto terrorista y para delimitar con mayor claridad la lista de grupos que serían perseguidos por las autoridades. El cambio no es menor, porque en este tipo de normas una definición demasiado amplia puede terminar afectando libertades, confundiendo delitos distintos o abriendo la puerta a interpretaciones discrecionales.
De acuerdo con lo conocido por El Tiempo - Política, las modificaciones apuntan justamente a cerrar esos vacíos. La definición de terrorismo, que había generado reparos por su amplitud, ahora tendría un tratamiento más acotado para evitar que cualquier hecho violento o de alteración del orden público sea leído bajo la misma categoría. También se hicieron precisiones sobre los grupos a los que aplicaría la persecución estatal, un punto que en Colombia siempre despierta suspicacias porque puede cruzarse con debates sobre insurgencia, crimen organizado, estructuras armadas y protestas sociales.
Ese ajuste era inevitable. En Colombia, el lenguaje legal sobre terrorismo carga con un historial pesado: no solo define el alcance de la acción penal, sino que también marca el tono político con el que el Estado enfrenta amenazas de seguridad. Si la norma queda demasiado abierta, el riesgo es castigar con la misma vara conductas distintas y alimentar choques con organizaciones de derechos humanos, jueces y sectores de oposición. Si queda demasiado cerrada, el Ejecutivo podría enfrentar críticas por dejar por fuera conductas que sí ameritan una respuesta más dura. La discusión, por tanto, no es técnica únicamente; es también política y tiene efectos directos en el margen de acción de la Fuerza Pública, la Fiscalía y los jueces.
Por eso, lo que ocurra con este estatuto va más allá de un ajuste de redacción. En un país donde la seguridad sigue siendo una preocupación cotidiana, una mala definición legal puede terminar impactando investigaciones, capturas y condenas. El reto del Gobierno será demostrar que puede endurecer el combate contra estructuras violentas sin convertir una ley antiterrorista en una herramienta de interpretación excesiva. Ahí se juega buena parte de la credibilidad del proyecto.




