Fuerza Popular acelera el “REINFO pesquero” para regularizar más de 2.000 embarcaciones
Imagen: depor
Fuerza Popular busca acelerar antes del cierre del Congreso la aprobación del llamado “REINFO pesquero”, una iniciativa que permitiría regularizar más de 2.000 embarcaciones construidas fuera del marco legal. El proyecto abre una disputa de fondo sobre formalización, control estatal y competencia en el sector.
Fuerza Popular está empujando en el tramo final del Congreso una salida legislativa que podría cambiar el mapa de la actividad pesquera: la aprobación del llamado “REINFO pesquero”, una fórmula diseñada para regularizar más de 2.000 embarcaciones construidas fuera del marco legal. El proyecto, identificado como la iniciativa de ley N.° 14212/2025-CR, busca resolver una situación que viene creciendo al margen de la supervisión del Estado y que hoy pone en tensión la frontera entre formalización y permisividad.
Según informó depor, la bancada fujimorista quiere que la propuesta quede aprobada antes de que termine el actual periodo parlamentario, lo que revela no solo urgencia política sino también una apuesta por cerrar un conflicto que afecta a armadores, pescadores y autoridades de fiscalización. En la práctica, la medida abriría la puerta para que naves construidas sin encuadrarse en el marco legal puedan entrar a un proceso de regularización, una decisión que podría tener efectos directos sobre registros, permisos, control de flota y supervisión de la actividad extractiva.
El debate no es menor. En el sector pesquero, como en otros rubros donde la informalidad termina desplazando a la norma, regularizar no siempre significa ordenar: también puede significar premiar a quienes operaron al margen de las reglas y crear un precedente para nuevas incorporaciones irregulares. Por eso la discusión sobre este “REINFO pesquero” trasciende el trámite legislativo y toca un asunto más profundo: cómo el Estado administra recursos limitados, protege la sostenibilidad de la actividad y evita que la excepcionalidad se convierta en política permanente. En términos simples, lo que está en juego no es solo un padrón de embarcaciones, sino la credibilidad de las reglas con las que se gobierna un sector que sostiene empleo, abastecimiento y economía costera.
La carrera por aprobar esta iniciativa antes del cierre del Congreso también deja una señal política clara: cuando el calendario aprieta, las mayorías suelen intentar convertir en ley asuntos que en otros momentos exigirían más debate técnico. Si el proyecto avanza, el Gobierno y los organismos del sector pesquero tendrían que enfrentar después la tarea de implementar una regularización masiva sin debilitar los controles. Y si se frena, quedará en evidencia que el país sigue sin resolver una de sus viejas tensiones estructurales: cómo formalizar sin legitimar la ilegalidad.
