Gasolina más cara en Colombia: sube $46 desde octubre y el diésel sigue estable
Imagen: infobae colombia
Desde este 1 de octubre, la gasolina en Colombia subió $46 por galón, mientras el ACPM se mantiene sin cambios, en una decisión que golpea el bolsillo de los conductores pero busca sostener al sector del etanol. El ajuste llega tras la actualización del precio reconocido a los productores y como apoyo a la caña de azúcar del Valle del Cauca.
El precio de la gasolina volvió a moverse en Colombia desde este 1 de octubre: el galón subió $46, mientras que el ACPM quedó congelado. La decisión, según informó infobae Colombia, impacta de inmediato a transportadores, conductores particulares y a la cadena de costos que depende del combustible, en un país donde cualquier variación en la bomba termina filtrándose al precio de los alimentos, los pasajes y la logística cotidiana.
De acuerdo con la información conocida, el ajuste responde a la actualización del precio reconocido a los productores de etanol, un componente que hace parte de la mezcla con la gasolina y que viene siendo objeto de revisión por parte de las autoridades. La medida también incorpora un mensaje político y económico: acompañar al sector cañero del Valle del Cauca, que sigue enfrentando las secuelas del terremoto del 10 de agosto. En otras palabras, el incremento no solo obedece a una lógica técnica de mercado, sino a una decisión de apoyo a una cadena productiva golpeada por la emergencia.
El contraste entre el alza en la gasolina y la estabilidad del ACPM no es menor. En Colombia, la gasolina suele cargar con más presión fiscal y de ajuste que el diésel, y eso explica por qué cada cambio genera reacciones distintas en ciudades y regiones. Para los hogares urbanos, el efecto inmediato se siente en el tanque; para los transportadores, en la estructura de costos; y para el comercio, en un posible traslado gradual a precios finales. En un contexto de inflación que todavía deja huella en el consumo, este tipo de decisiones reabre el debate sobre cómo equilibrar la sostenibilidad de los productores de biocombustibles con la protección del bolsillo ciudadano.
Más allá del aumento puntual, el episodio vuelve a mostrar una realidad incómoda: en Colombia el precio de los combustibles sigue siendo una herramienta de ajuste económico, pero también un mecanismo de compensación sectorial y de respuesta a choques regionales. Eso significa que cada modificación tiene una lectura doble. Por un lado, el Gobierno intenta sostener eslabones de la producción como el etanol y la caña; por otro, deja a millones de usuarios enfrentando un gasto más alto en un servicio básico. La pregunta de fondo es si estas medidas, aunque justificables desde la política sectorial, terminan repartiendo de forma desigual el costo de los desastres, las correcciones de precios y la transición energética.
